El Gobierno municipal rechaza revisar de oficio la licencia que se le concedió a Metropolitan Spain para la ampliación de las instalaciones de La Solana, criticada porque su altura impide otear el mar desde el paseo del Parrote. La licencia de 2018 se concedió sin exigir previamente un estudio de detalle, un documento urbanístico que define de manera precisa los elementos de la parcela y que exige el plan especial de la Ciudad Vieja para parques deportivos. El Ejecutivo municipal considera que la autorización estuvo avalada por los pertinentes informes técnicos y la Dirección Xeral de Patrimonio, en línea con lo que justifica Marea, que señala que lo único que pudo hacer fue continuar con el permiso que había otorgado el PP en 2013, tras parar las obras e intentar paliar el plan.
Así, el Ejecutivo actual no tomará la iniciativa a la hora de analizar si el permiso fue legal o no y si debe ser anulado, por lo que solo la iniciativa particular o de alguno de los grupos de la oposición podría buscar herramientas para forzarlo. Defensa do Común y el BNG han demandado al Ayuntamiento, tras la información publicada por este periódico, la revisión de la polémica autorización.
La redacción del cambio del plan general en la zona de La Solana, que prevé aprobar el Concello en el pleno mañana jueves, deja claro que cualquier construcción que se levante el entorno debe contar, previamente a su licencia, con un estudio de detalle, tal y como estipula el Plan especial de Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri) que entró en vigor en 2015.
La autorización que se concedió en el año 2018, después de que la concesionaria de las instalaciones deportivas reformase el proyecto a petición del Concello, no cuenta con este documento urbanístico, que además debe ser aprobado por el pleno tras ser sometido a exposición pública.
La tramitación del estudio de detalle llegó a iniciarse pero nunca se concluyó. El 16 de marzo de 2005 la entidad Metropolitan Spain presentó la solicitud de tramitación de dicho documento urbanístico y hasta consiguió el plácet de la Dirección Xeral de Patrimonio, de mayo de 2006. Pero en 2009, durante el Gobierno bipartito, Urbanismo le eximió. Es en 2013 cuando el PP le concede la autorización. En ese momento ya había entrado en vigor el nuevo plan general (2013), que obligaba a realizar un estudio de detalle para equipamientos.
Marea justifica que lo único que pudo hacer fue parar los trabajos, revisarlos para reducir la "volumetría", y que le dio luz verde con informes técnicos. En la aprobación figura que la licencia otorgada "sustituye a la anterior" por lo que, de considerarse una nueva autorización y no una "continuación", el permiso tendría que haberse regido por la normativa en vigor, que obliga al estudio.
