El voto favorable del diputado del BNG Néstor Rego fue imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y su obtención fue posible gracias al acuerdo alcanzado entre la formación nacionalista y el PSOE acerca de diferentes actuaciones de la administración central en la comunidad gallega. Algunas de esas iniciativas afectan en exclusiva a la ciudad de A Coruña o tienen una relación directa con ella, por lo que, de llegar a materializarse el pacto, tendrá una gran relevancia para el futuro del municipio.

Pero, al margen de la declaración de intenciones que supone cualquier acuerdo, lo trascendente será ahora comprobar si su contenido se plasma en los Presupuestos Generales del Estado en el caso de las inversiones y en el Boletín Oficial del Estado en relación con las reformas legislativas necesarias para resolver conflictos ahora enquistados. A continuación se repasan los puntos del acuerdo BNG-PSOE con incidencia sobre A Coruña y las dificultades existentes para su aplicación.

▶Autopista. El pacto prevé la transferencia de la gestión a Galicia de la AP-9 durante este año y la puesta en marcha de "esquemas de compensación para la rebaja de los peajes", en los que se incluya la gratuidad para quienes la usen dos o más veces al día durante todos los días de la semana. Los Presupuestos del Estado correrían con el coste de esta medida, que supondría también la gratuidad del tramo Vigo-Redondela. El acuerdo establece también el compromiso de eliminar "durante la legislatura" el incremento extraordinario de tarifas permitido a la concesionaria durante 20 años. La gestión de la autopista es una reivindicación apoyada por todos los grupos políticos gallegos, pero la crisis política catalana hace que sea vista con recelo en Madrid, donde las limitaciones presupuestarias del nuevo Gobierno central pueden dar al traste con las compensaciones para la rebaja de tarifas y supresión de peajes.

▶Ferrocarril. La modernización de la red ferroviaria gallega que recoge el pacto debe incluir las conexiones de A Coruña con Ferrol y Lugo, cuya antigüedad hace que el tren no sea competitivo en esos corredores. El objetivo es que el Gobierno presente estos proyectos a la convocatoria en 2021. También se acordó que este año se desbloquee la financiación del enlace ferroviario del puerto exterior coruñés, presupuestado en 140 millones y que espera desde hace meses por una decisión de Madrid, a pesar de que se considera imprescindible para el desarrollo de la nueva dársena y de que su construcción tardará en torno a cuatro años debido a que la mayor parte del trazado discurrirá a través de túneles. De nuevo los problemas presupuestarios pueden ser el inconveniente que impida cumplir este punto del acuerdo, a lo que se añade que todos los esfuerzos de ADIF en relación con Galicia se centran en la actualidad en la conclusión de las obras del AVE, de las que tanto los Gobiernos central como el autonómico hacen bandera en sus estrategias políticas. Aún dentro del terreno ferroviario, el BNG logró el compromiso del PSOE de que se solicitará a la Unión Europea financiación para el itinerario A Coruña-Vigo-Ourense-León como ampliación del Corredor Atlántico, una iniciativa que favorecerá el transporte de mercancías de las empresas gallegas.

▶Ría de O Burgo. El saneamiento y regeneración de las rías gallegas es otro de los puntos que integran el pacto entre socialistas y nacionalistas. Estos últimos han hecho de la recuperación de la ría de O Burgo una de sus demandas recurrentes en los últimos años, por lo que detallan en el documento la exigencia de que se retomen el plan para dragar los fondos del estuario coruñés. La iniciativa debe llevarse a cabo mediante la recuperación de la partida de 24 millones que había presupuestado el Gobierno central y la solicitud de fondos a la Unión Europea. A pesar de que el proyecto está listo para su licitación, las diferencias entre los Ejecutivos estatal y autonómico sobre su financiación lo han mantenido paralizado. Los nacionalistas consideran prioritaria esta actuación no solo por sus efectos positivos sobre el medio ambiente en la comarca coruñesa, sino también por la posibilidad que abrirá de recuperar la actividad marisquera a pleno rendimiento en la ría, ahora gravemente perjudicada por la presencia masiva de lodos tóxicos.

▶Carbón. Ambas partes están de acuerdo en que Galicia sea incluida en el Plan de Acción Urgente para Países del Carbón y Centrales Cerradas 2019-2021, de forma que As Pontes y Cerceda se beneficien de los Convenios de Transición Justa por la clausura de sus respectivas plantas térmicas, que en el caso de la segunda tiene una relevancia destacada para la comarca coruñesa. El pacto establece que en el primer semestre de este año debe estar suscrita esa incorporación, que debe detallar en cada uno de los convenios las actuaciones que se llevarán a cabo y las partidas que recibirán. Esos fondos tendrán relación con el impacto generado por el cierre y con el tipo de inversiones programadas, que deberán promover el mayor volumen de actividad y empleo posible. PSOE y BNG acordaron también que los representantes sindicales participen en el comité de supervisión de esta iniciativa, de acuerdo con los principios que inspiran la Estrategia de Transición. Otro aspecto del pacto es que Galicia será incluida en el equipo de país de la Plataforma Europea para las Regiones Mineras en Transición, del que ya forman parte otras comunidades afectadas por la reconversión minera, como Aragón, Asturias y Castilla y León.

▶Industria electrointensiva. La aprobación del estatuto que regirá la actividad de las empresas pertenecientes a este sector se realizará "con la máxima urgencia", de acuerdo con el documento firmado por socialistas y nacionalistas, con el fin de evitar más perjuicios a estas compañías, que en el área coruñesa están representadas por Alu Ibérica (la antigua Alcoa), Celsa Atlantic y Ferroglobe. La nueva regulación incluirá la eliminación de su factura eléctrica de los cargos que no tengan relación con el sistema eléctrico, así como que se cobren al resto de consumidores. También se buscará la reducción de las tarifas que se les aplican y se creará antes del 21 de marzo una mesa tripartita permanente con representación sindical para analizar la evolución de estas empresas, a las que se exigirá como compensación a la rebaja de la factura eléctrica un aumento en inversiones y en la mejora de la producción que revierta en la reducción de sus emisiones contaminantes y aumente el empleo. Estas compañías se beneficiarán además de las bonificaciones más altas, a través de los Presupuestos del Estado, por los costes de emisiones indirectas de dióxido de carbono.