La Autoridad Portuaria de A Coruña tenía al final de su ejercicio de 2018, el último cerrado, unos 304,7 millones de deuda a largo plazo, asumida para financiar el puerto exterior. Esto supera ampliamente sus deudas a corto plazo, que a final de 2018 no llegan a los cinco millones, y las cuentas a pagar y compromisos para acreedores, de poco más de tres millones. De esta deuda, cerca de 200 millones es con el Estado, y tanto el Concello como y otras instancias políticas y sociales reclaman la condonación.
El origen de este préstamo es un crédito, por importe de 250 millones, concedido en julio de 2011 a la Autoridad Portuaria por el ente público Puertos del Estado. Posteriormente se acordó minorar el préstamo hasta los casi 200 millones, en concreto 199,81. Este importe debería "garantizar la plena operatividad" de las instalaciones de punta Langosteira, según señalan las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de 2018. Durante los primeros diez años del préstamo, esto es, hasta el 27 de julio de 2021, solo se pagarían intereses, que por sí mismos suponen una suma importante: en 2018 se devengaron unos 3,5 millones.
Durante los siguientes treinta años, el Puerto deberá devolver el crédito en cuotas semestrales, "hasta su total amortización". En 2016, se acordó renegociar las anualidades, abaratando las que se abonarán hasta 2027 y encareciendo las que se pagarán hasta 2046. De esta manera, la Autoridad Portuaria ganaba más tiempo para buscar formas de financiación. A inicios de 2018, preveía ingresar unos 200 millones en los siguientes cinco años por la venta de los muelles interiores desafectados, siguiendo un convenio con el Ayuntamiento de 2004. Pero el año pasado no ingresó nada por este concepto, y desde los grupos municipales y entidades sociales se reclama mantener el carácter público de los terrenos.
El primer pago de amortización será el 31 de diciembre del próximo año, cuando se tendrían que abonar dos millones. En el periodo 2022-2027 serán cuatro millones anuales. En 2028-2037 subirán a los nueve, cifra que en 2038-2047 descenderá hasta los siete. Entre 2047 y 2050 el pago anual será de nuevo de cuatro millones, y en 2051, de un millón, según las cuentas anuales de 2018, si bien este plan solo suma 196 millones. En las cuentas no se incluyen estimaciones del pago de los intereses de la deuda durante ese periodo.
Los grupos municipales han reclamado reiteradamente la condonación de esta deuda. El Gobierno central, como parte de los acuerdos de investidura con Compromís, ya se ha comprometido a asumir la deuda derivada de la reforma del puerto de Valencia en los presupuestos de este año, si bien no existe un acuerdo político equivalente para la coruñesa.
El Gobierno central también negó a inicios del año pasado que ambos casos fuesen iguales. La deuda valenciana, según el Estado, está a nombre de una institución con participación de las administraciones central, autonómica y local, y no de la Autoridad Portuaria, lo que dificultaría su condonación.
La alcaldesa, Inés Rey, ha anunciado que la semana que viene pedirá una reunión con el Gobierno para reclamar la "condonación total o parcial" del préstamo a cargo de los Presupuestos Generales de este año, o una alternativa jurídica equivalente. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, señaló ayer que hay "unanimidad" en grupos políticos municipales y ciudadanía sobre este asunto.
Para financiar las obras del puerto, la Autoridad Portuaria asumió también un crédito con el Banco Europeo de Inversiones, un órgano financiero público que depende de la Unión Europea, que le concedió en octubre de 2006 la suma de 130 millones de euros. Al cierre de 2018, la deuda era de algo más de 104 millones de euros.
La amortización comenzó en 2013, si bien una renegociación en 2017 disminuyó en algo más de tres millones de euros la cuantía que la Autoridad Portuaria tendrá que pagar hasta 2025. En este periodo, se están pagando 3,49 millones anuales, en comparación con los 6,5 que se deberían abonar antes de la renegociación. A cambio, suben las cuotas después de ese periodo. Entre 2026 y 2032, la Autoridad Portuaria tendrá que abonar 9,71 millones de euros anuales. Entre 2033 y 2035 la cifra se irá reduciendo hasta los 1.155 millones, y este año, según las previsiones, se extinguirá la deuda.
