Fue en 1996 cuando Vicente González „nombre ficticio„ llegó a estos galpones de A Zapateira. Lo hizo como estudiante, siguiendo los pasos de su hermano. Se cambió a otro en el año 2003 y, desde entonces, vive en doce metros cuadrados cubiertos de humedad. Desde hace doce años busca una alternativa, pero asegura que "no existe". No tiene trabajo y ahora se enfrenta a un desahucio de una de las viviendas. "El problema no es que estos galpones no se derribaran en su momento, sino que siguen en uso e incluso han crecido", denuncia. Este inquilino tiene claro que "el precio del alquiler y la precariedad laboral" contribuyen a que se den este tipo de situaciones.

Su relación con los propietarios se reduce a un contrato verbal. Relata que desde julio de 2018 ni siquiera le dan recibos, por lo que se limita a dejar un sobre con el dinero en el buzón. Ahora le denuncian por impagos y quieren echarlo. "Pero no es verdad. Yo siempre he pagado", se defiende, aunque no tiene forma de demostrarlo. Vicente quiere irse, pero no tiene a dónde. Luchará contra un desahucio para "ganar tiempo" y buscar una solución.

"Soy el más interesado en irme, pero, por mi situación, estoy condenado a vivir en esta chabola", reconoce, y cuenta que no será el primer juicio en el que se enfrente a sus caseros.

Este inquilino paga 130 euros al mes, en los que no se incluye la luz, pero el precio puede ascender a los 220 euros. "También hay chabolas más grandes, de 18 metros cuadrados, por las que piden 320 euros con agua incluida", cuenta.

De hecho, sospecha que los dueños quieren echarlo para volver a poner su infravivienda en el mercado por un precio más elevado. Únicamente tiene una nevera en la habitación y ya no tiene acceso al congelador de la zona común. "Nos lo han cerrado sin motivo", explica.

El hombre asegura que los "problemas de salubridad" hacen que pasar el día en el galpón sea insufrible. "Creo que incumplen todo, las condiciones son insalubres", indica. Con estudios en Arquitectura, sabe que los materiales usados para estos espacios "no son de calidad" y se construyeron "mal". "Tengo grietas por todas partes", dice.

Además, no se puede llevar a cabo un mantenimiento interior, pues toda su vida está dentro de ese habitáculo. "Si quieren pintar, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Saco todas mis cosas a la calle?", se pregunta. Y como conducto de ventilación, un pequeño agujero de nueve centímetros de ancho.

Esto nació en un principio por la carencia de una residencia universitaria, pero aquí ya casi no quedan estudiantes. "Solo hay adultos con trabajos precarios o en el paro", detalla. Hay días que se levanta y conoce a un nuevo vecino. "Hay mucho movimiento. Hay personas que no se quedan más de seis meses", cuenta.

A Vicente González, nombre elegido por el periodista Xabi Lombardero en su publicación en El Salto en la que desveló esta situación que se vive en zonas como A Zapateira y Feáns, le sorprende que los caseros "crean que esto es legal". Informa de que mañana denunciará también la situación en Hacienda. Según los cálculos de la arquitecta Cristina Botana, que está estudiando este problema de infravivienda, los dueños de la parcela en la que vive Vicente reciben aproximadamente 130.000 euros anuales, ya que disponen de, al menos, 38 módulos.

Vicente recuerda perfectamente cuando esta realidad salió a la luz, en 2008, con un estudio realizado por profesores de Arquitectura. Asegura que, desde entonces, "todo sigue igual". "Ahora me interesa estar tranquilo e irme cuando pueda", reconoce, pero añade que "esto es como un tumor". "Hay que acabar con el problema de raíz. Dar soluciones a los inquilinos porque si no es como trasladarlo a otro sitio", advierte.