El Gobierno local prevé precintar los galpones que se usan con fin residencial en fincas de A Zapateira y Feáns para evitar que haya vecinos que vivan en construcciones de bloques de tres metros de ancho por cuatro de largo en condiciones muy precarias. "Es un tema que está estudiando Urbanismo para llevar adelante las actuaciones urbanísticas necesarias para que cesen los usos no autorizados", explicaron ayer a este diario fuentes municipales sobre la reunión que mantuvieron el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, y técnicos de su equipo, así como de Benestar Social, con la redactora de un estudio sobre asentamientos precarios en la ciudad, Cristina Botana, que cuenta con financiación de la Diputación.

El Gobierno local admitió ayer que derribar estas infraviviendas ahora es complicado, ya que algunas de ellas llevan en pie unos veinte años y la irregularidad prescribe a los seis, así que, su actuación se centrará en evitar que se utilicen para uso residencial cuando su permiso no se le autorice, ya que la mayoría consta como almacén o garaje.

En total, el estudio de Botana identificó 104 galpones habitados en fincas en las que hay un chalé principal y pequeñas construcciones alrededor, casi una decena más de los que había en 2008, cuando una investigación de la Universidade da Coruña puso el foco en esta alternativa habitacional para estudiantes. Para entonces, no había residencia pública y los jóvenes pagaban de media entre 100 y 150 euros mensuales por residir en una habitación sin separación entre la cama y la cocina. Actualmente, esa renta supera los 220 euros.

Botana, que se reunió ayer con el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, y con su equipo, explica que otra solución que pone el Gobierno local sobre la mesa es la de la vigilancia en la zona, para evitar que estas construcciones se destinen a una actividad para la que no tienen permiso, así como el corte de los suministros básicos de luz y agua, ya que, en teoría, estos galpones se tendrían que usar como almacén, no como vivienda.

"Lo que nos preocupa es que, si no se pueden derribar, seguramente, la gente se marche, como pasó en 2008, pero las infraviviendas se volverán a llenar en unos meses, en cuanto se calme un poco la situación", alertó ayer Botana, que asegura que, de las infraviviendas habitadas que pudo estudiar, "ninguna" cuenta con las "condiciones mínimas" para que se le conceda el permiso de habitabilidad, "ni siquiera basándose en la normativa de las residencias públicas", que califica como habitable una habitación con servicios comunes.

"El Gobierno local se compromete a investigar, pero no tenemos muchas herramientas para luchar contra esta actividad", admitió Botana. Algunas de las personas que residen en estos galpones han puesto ya su caso en manos de la Concejalía de Benestar Social porque viven en una situación muy precaria. La opción de un desalojo masivo de las infraviviendas no entra en los planes municipales, según explicó Botana, por lo que el Concello no contempla tampoco un realojo de los que actualmente viven en estos galpones. Para intentar conseguir que este negocio „algunas fincas llegan a tener varios módulos habitados a la vez„ siga creciendo, Hacienda recibirá la próxima semana una denuncia con toda la documentación recabada sobre el tema.