El Gobierno local culminará la modificación del Plan Especial de A Maestranza cuyo objetivo es reducir la edificabilidad en una de las dos parcelas que el Ministerio de Defensa vendió a una promotora vasca a pesar de que la misma ya solicitó licencias para construir en ambas. Fuentes del Ejecutivo municipal consideran que esta petición no influirá en el procedimiento para cambiar la normativa urbanística en ese lugar porque cuando se puso en marcha el Concello advirtió al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el organismo que efectuó la venta directa de los terrenos fracasar dos subastas.

La iniciativa municipal para rebajar la edificabilidad implicó la suspensión de la concesión de licencias durante un año en esa zona y se inició con el anterior Gobierno local pero finalizó en octubre sin nada aprobado. Afecta a solo una de las dos parcelas ante la sospecha de que existen restos de las antiguas murallas de la ciudad en el subsuelo, lo que se descarta para la otra finca. Una tercera que el Invied intentó subastar sin éxito fue finalmente apartada de la operación al darse por hecho la presencia de vestigios de las murallas.

El Ejecutivo de Marea informó de este cambio en el traspaso de poderes a los socialistas, pero a la tramitación le quedaban muchas fases por delante y expiró el periodo improrrogable de suspensión de licencias. Se intentó también por otra vía: el Concello acudió a la Xunta para que tramitase la ampliación de la protección como BIC de las murallas, lo que haría ganar tiempo, pero Patrimonio lo rechazó.

A la modificación del plan le quedan muchas fases, comenzando por la evaluación ambiental, que requerirá meses de gestiones. A pesar de que el Gobierno local no se plantea alterar sus planes por la solicitud de licencias efectuada por el nuevo propietario, la jurisprudencia revela que este hecho tendrá consecuencias para A Maestranza. Diferentes sentencias del Tribunal Supremo establecen que si transcurren más de tres meses entre la petición del permiso para construir y la aprobación de un nuevo planeamiento, debe concederse de acuerdo a la anterior ordenación, caso que puede producirse fácilmente en esta situación.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico indican además que el hecho de que el Concello notificase al Invied su voluntad de modificar la normativa urbanística de A Maestranza no impedirá que el nuevo propietario pueda reclamar tanto al organismo vendedor como a la administración municipal coruñesa. Al primero podría solicitarle la anulación de la venta por ocultarle el hecho relevante de que se iba a rebajar la edificabilidad, mientras que a la segunda le podría exigir una indemnización por alterar el planeamiento, al margen de que lo hubiera advertido de forma pública.

Incluso en opinión de los mismos especialistas, ni siquiera la justificación de la protección del patrimonio histórico impediría esta reclamación, ya que la Ley, argumentan, establece que un propietario no puede asumir el coste del beneficio para la colectividad que supondría la reducción de la edificabilidad. En el entorno de la Torre de Hércules los propietarios de los terrenos han exigido en los tribunales que se les indemnice o se les proporcionen otros terrenos.

El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, exigió por su parte a la alcaldesa, Inés Rey, que abra negociaciones políticas con el Ministerio de Defensa para revertir la venta de los terrenos, que incluyó entre los que el Concello debe obtener del Gobierno central por encontrarse desocupados, iniciativa para la que el Bloque consiguió el respaldo unánime del pleno el pasado jueves.

Marea Atlántica reclamó ayer a la Xunta que amplíe la zona de protección de las murallas para incluir estos solares de A Maestranza, lo que considera que impediría construir en ellos. Esa formación ya hizo esa solicitud durante su estancia en el Gobierno local, pero la Dirección Xeral de Patrimonio contestó posteriormente que lo rechazaba.