El Gobierno local admite que la reducción de la edificabilidad de las dos parcelas vendidas por el Ministerio de Defensa a una promotora vasca en A Maestranza implicará el pago a la misma de una indemnización, por lo que tratará de negociar para evitar ese coste, sobre el que ya advirtió ayer este periódico. En declaraciones a Radio Coruña, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, señaló que la inmobiliaria que adquirió las dos fincas "podría reclamar a Defensa y también a nosotros [el Concello] porque tiene unos derechos".

Villoslada indicó también que el Ejecutivo municipal está "trabajando en llegar a un acuerdo con el adjudicatario de reducción de la edificabilidad en sintonía con las modificaciones que queremos hacer en el planeamiento". El objetivo de esta negociación será "tratar de amortiguar el impacto de la edificación que estaba inicialmente prevista".

El anterior Gobierno local puso en marcha un cambio del Plan Especial de A Maestranza para rebajar la edificabilidad prevista en esa zona por la presencia de restos de la antigua muralla de la ciudad, lo que implicó la suspensión de licencias en el sector durante un año. Ese plazo, que no podía ser prorrogado, terminó en octubre sin que la tramitación de la modificación estuviera terminada, situación que la compradora de las dos parcelas para solicitar las licencias de construcción, aunque la reducción de edificabilidad solo afectará a una de ellas.

Una tercera que el Ministerio de Defensa había incluido inicialmente en esta operación fue descartada posteriormente ante la existencia de un informe arqueológico encargado por el Concello que revela que con casi total seguridad hay en el subsuelo restos de las murallas, lo que impediría edificar en ella.

El actual Ejecutivo municipal confirmó a este diario el pasado lunes que el cambio urbanístico en A Maestranza continuará al margen de que el nuevo propietario de las parcelas haya solicitado licencia para edificar, pero evitó comentar que esta decisión tendría consecuencias económicas para el Concello, como advirtieron juristas especializados consultados, quienes señalaron que cuando se produce un cambio de planeamiento, el afectado debe ser compensado porque cuenta con derechos adquiridos.

Incluso si la variación se produce por la voluntad de proteger el patrimonio cultural, como sucede en este caso, abogados opinan que el propietario tiene derecho a una indemnización porque no está obligado a soportar el coste de la defensa del interés público.

Anulación de la venta

Esas mismas fuentes detallaban que el hecho de que el Concello hubiera advertido a Defensa de su intención de cambiar la normativa urbanística no impedía la posibilidad de solicitar una indemnización, a la que Villoslada reconoció ayer que el comprador de los terrenos tiene derecho. También señalaban que el adjudicatario de las parcelas podría incluso solicitar la anulación de la venta por serle ocultado un hecho relevante como es el cambio de la normativa urbanística.

A esto se añade que la ley establece un plazo máximo de tres meses para tramitar una licencia urbanística para que se le aplique un nuevo planeamiento que se esté elaborando, ya que si se supera ese periodo, el propietario podrá acogerse al anterior. Esa circunstancia puede producirse fácilmente en A Maestranza, ya que la tramitación que queda por completar para modificar el plan especial de esa zona todavía se demorará varios meses al no haberse realizado procedimientos tan relevantes como el ambiental.

Marea Atlántica considera por su parte que la única fórmula posible para impedir la edificación en las dos parcelas de A Maestranza es que la Dirección Xeral de Patrimonio amplíe la zona de las murallas que está declarada Bien de Interés Cultural.

El anterior Gobierno local efectuó esta solicitud, que fue rechazada por la Xunta, mientras que Patrimonio elude responder desde el pasado lunes a las preguntas de este periódico sobre su posible intervención en este asunto para evitar la construcción en los terrenos vendidos a la promotora vasca.