En 2008, cuando un estudio de los arquitectos Xosé Lois Martínez, Jose Manuel Vázquez y Plácido Lizancos destapó el negocio de alquiler de galpones en A Zapateira alquiler de galpones en A Zapateira y las precarias condiciones en las que vivían sus ocupantes, el Concello abrió varios expedientes y ordenó el derribo de algunas de estas infraviviendas. Aunque la infracción urbanística prescribe a los seis años, si hay una orden de demolición, como las registradas entre 2008 y 2010, el plazo se prolonga hasta los 15 años, por lo que todavía se podrían tirar algunos de estos habitáculos.

La Concejalía de Urbanismo se encargó del tema hace doce años, con Mar Barcón como edil, pero se encontró con el mismo problema que surge ahora: que ha pasado tanto tiempo desde la construcción de los galpones que ha prescrito la posibilidad de decretar su desaparición. Fuentes municipales señalaron el lunes, después de una reunión con la arquitecta Cristina Botana, que ha recuperado esta problemática a través de una investigación de la Diputación, que su intención es precintar estas infraviviendas para que no se les dé un uso residencial.

Sí es cierto que estos habitáculos de tres metros de ancho por cuatro de largo, que se alquilan por entre 200 y 320 euros, llevan muchos años en pie. Algunos hasta más de dos décadas, según la arquitecta, pero hay propietarios que entre 2008 y 2010 recibieron órdenes de cese de la actividad e incluso de derribo. En marzo de 2009, el Boletín Oficial de la Provincia publicó la orden de demolición de nueve infraviviendas en la calle Burdeos, en A Zapateira. La propietaria tenía entonces un "plazo de dos meses" para tirar unos galpones que se construyeron "con obras sin licencia" y, de no hacerlo, se procedería a la "ejecución forzosa". Pero ni una cosa ni la otra. Tanto Botana como vecinos del barrio e incluso un inquilino que habita en un galpón desde hace 17 años aseguran que en todo este tiempo "no se ha derribado nada". Sin embargo, esas órdenes existen y, por tanto, todavía pueden ejecutarse, ya que el plazo de prescripción, en este caso, es de 15 años, por lo que todavía quedarían cuatro años para proceder a su desaparición.

Los galpones que se quedan fuera de esta ecuación son los que en 2008 ya tenían más de seis años de vida. La solución para evitar que estos habitáculos se alquilen -en su mayoría a parados o trabajadores con sueldos precarios, aunque en sus inicios los ocupantes eran estudiantes- es emitir una orden de cese de la actividad o bien precintarlos, opción por la que se decanta el Concello, que también se plantea poner vigilancia en la zona y cortar los suministros básicos de agua y luz ya que, en teoría, estos galpones deberían utilizarse como almacenes y no viviendas.

El estudio realizado por Botana identificó 104 infraviviendas en A Zapateira, casi una decena más que en 2008, lo que demuestra que la práctica se está extendiendo. Tanto que ha llegado hasta Feáns. La opción de un desalojo masivo, de momento, no entra en los planes municipales, según explicó la arquitecta, por lo que la investigación se centra en frenar su uso residencial. Vecinos de la zona aseguran que los anuncios sobre estas chabolas, en las que apenas hay sitio para una cama, una cocina y un baño, aparecen habitualmente en paradas de autobús o en portales de internet. Sus habitantes insisten en que las condiciones son "insalubres".