El transcurso de solo un mes entre la reunión que mantuvieron el Gobierno local coruñés y el Ministerio de Defensa y la firma de la escritura de venta de dos parcelas de A Maestranza a la promotora vasca Gesarqus es interpretado por la asociación Defensa do Común como una muestra del “oscurantismo” municipal sobre esta operación. Esa es la razón que lleva al colectivo a plantear su personamiento en el procedimiento de concesión de las licencias de edificación solicitadas por la empresa y a cuya autorización se opone, según anunció ayer.

La iniciativa municipal de reducir la edificabilidad en una de las parcelas, como pretende el Gobierno local para reducir su impacto en la zona, es una “solución que solo satisface a Defensa”, manifestó Manuel Monge, presidente de Defensa do Común, quien contrastó esta actuación con el respaldo unánime que recibió en el pleno del pasado jueves la moción que solicitaba la devolución gratuita de los terrenos estatales en desuso, entre ellos los de A Maestranza.

Esa moción era la cuarta que apoyaba la Corporación en torno a la recuperación de las parcelas por parte del Concello, una de ellas aprobada el 7 de noviembre, solo unos días antes de la reunión entre Defensa y Gobierno local, y en la que la iniciativa únicamente recibió los votos favorables de BNG y Marea Atlántica, mientras que PSOE, PP y Ciudadanos se abstuvieron.

Monge recordó ayer que el acuerdo de investidura suscrito entre socialistas y nacionalistas recoge la reclamación de los terrenos de A Maestranza, por lo que exigió “coherencia entre lo que se firma y lo que se vota”, ya que tampoco se cumplieron los acuerdos incluidos en las mociones aprobadas por el pleno.

“No se aplica nada de lo que se aprueba”, se lamentó el portavoz de Defensa do Común, ya que la comisión de Defensa del Congreso también acordó en 2017 la apertura de negociaciones entre el Concello y el Gobierno en torno a los solares.

Monge plantea que, en el caso de darse una indemnización, Defensa es quien “tendrá que asumir una posible reclamación”. El presidente de la asociación de vecinos de la Ciudad Vieja, Pedro Roque, también miembro del colectivo, declaró que la promotora no habría pagado doce millones de euros por los solares si existiera el temor a una reducción de la edificabilidad y consideró que la simple construcción en ese lugar tendrá impacto urbanístico, por lo que estimó que no hay “lado positivo” en esta operación.

Además de tener acceso a la tramitación de las licencias de edificación para evitar su concesión, Defensa de Común prevé llevar este caso al Parlamento gallego y al Congreso de los Diputados a través de los grupos políticos representados en ambas cámaras. También recordará a la alcaldesa, Inés Rey, la consulta realizada por la asociación en la Ciudad Vieja y en la que el 98% de los participantes apoyaron que las parcelas de A Maestranza se dediquen a equipamiento público y zonas verdes.

El pleno municipal volverá a debatir en febrero una moción propuesta por el colectivo para reiterar la exigencia de devolución gratuita de los terrenos y en marzo otra más para que los Presupuestos del Estado incluyan la recuperación de todas las propiedades estatales en la misma situación.

La plataforma Defensa do Común convocará además en febrero una asamblea de todo el movimiento asociativo coruñés para acordar una respuesta unitaria a este problema y en la segunda quincena de ese mes organizará un debate público en el centro cívico de la Ciudad Vieja, mientras que en marzo realizará una concentración de protesta en A Maestranza.

“Ganar esta batalla es importante porque hay otras pendientes”, advirtió Monge en referencia a otras propiedades del Ministerio de Defensa en la ciudad, como las situadas en Agrela o Adelaida Muro, además del cuartel de Atocha, sobre las que exigió un compromiso de que no se subastarán, como hizo con A Maestranza, aunque el proceso acabó con una venta directa.