Estaban ahí, detrás de los muros de los chalés, como unos almacenes mejor preparados de lo normal, con sus puertas y ventanas blancas y sus paredes anaranjadas y nada más. A la vista de aquellos ajenos a la búsqueda de una vivienda en las inmediaciones del campus eran solo unos galpones. Sin embargo, tras sus puertas se encerraban y siguen encerrando muchas vidas.
En 2008, cuando la residencia para estudiantes no era más que una promesa electoral que se repetía en cada cita con las urnas, los recién llegados a la ciudad buscaban un lugar en el que meterse durante el curso, a ser posible, barata. Fue entonces cuando un estudio de los arquitectos Xosé Lois Martínez, Jose Manuel Vázquez y Plácido Lizancos abrió los ojos a toda la ciudad a esta realidad escondida. Este fenómeno comenzó en los setenta, cuando se abrió la Facultad de Arquitectura y fue creciendo con el paso de los cursos.
Ahora, doce años después de ese primer acercamiento a las infraviviendas en A Zapateira, otra arquitecta, Cristina Botana, ha revisitado el enclave „con el apoyo de la Diputación„ y ha visto cómo, lejos de acabarse este mercado de convertir galpones en viviendas, el fenómeno se ha incrementado y que el perfil de los usuarios ha cambiado, ya no son estudiantes que prefieren vivir solos aunque sea en una infravivienda, sino trabajadores con salarios precarios o en paro, incapaces de afrontar un alquiler mayor.
¿Cuántas infraviviendas había en 2008, cuántas hay ahora y cómo son? En el estudio inicial, los profesores de Arquitectura identificaron 97 galpones reconvertidos en pequeños hogares. Botana reconoció 108, una decena más. El patrón es el mismo: Una finca grande con un chalé y cercada. Pegadas al muro, pequeñas construcciones, cada una con su ventana y su puerta y con terreno común para aparcar. En algunos, hay espacios comunes en los que los inquilinos comparten, por ejemplo, el uso del congelador. Son construcciones de tres metros de ancho por cuatro de largo, así que, en el interior, hay sitio para una cama, un baño, un hornillo y poco más.
¿Son legales? En 2009, tanto la Xunta como el Concello consideraban que no y, de hecho, el Gobierno local emitió varias órdenes de derribo que nunca se llegaron a ejecutar. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, explicó esta semana a Botana que solo pueden derribarse los que se han construido en los últimos seis años, ya que para ellos no ha prescrito todavía la infracción urbanística, pero que es muy difícil actuar contra los que ya han rebasado ese plazo. Los que cuentan con una orden de demolición expedida en 2009 también podrían ser eliminados, ya que, para ellos, corre otro plazo que se acaba dentro de cuatro años. A pesar de que la construcción de estos habitáculos puede encajar en la legalidad vigente, lo que no se ajusta es su uso, ya que pueden ser legales como alpendres, pero no como viviendas. Botana defiende que incumple hasta la ley de residencias públicas, que contempla una habitación con espacios comunes como vivienda.
¿Qué va a hacer el Concello? El Gobierno local propone aumentar la vigilancia y precintar las construcciones para evitar que se sigan usando como casas cuando, realmente, solo pueden ser almacén. Villoslada propuso también cortar servicios básicos, como el agua y la luz, para evitar que los propietarios vuelvan a alquilarlos.
¿Es suficiente? Botana explica que, sin la demolición de los habitáculos, igual que hace más de diez años, lo que puede pasar es que los inquilinos dejen estas viviendas durante un tiempo y que, dentro de unos meses, vuelvan a ellas, y si no son los mismos, otros aquejados de la misma precariedad.
¿Se puede hacer algo más? Hacienda recibirá en los próximos días un dosier con toda la información relativa al alquiler de estas infraviviendas. En noviembre de 2008, la Agencia Tributaria se dirigió también al Concello para solicitarle información sobre ellas.
¿Quién vive en estas infraviviendas? Hace diez años e, incluso antes, sobre todo en A Zapateira „también hay galpones reconvertidos en viviendas en Feáns„ eran los estudiantes quienes optaban por esta opción. En 2008, una joven explicaba a este diario que, a principios de los 2000, nadie pensaba que estas infraviviendas fuesen "polémicas". Para entonces, ella pagaba 120 euros por habitar lo que denominaba un "zulo", pero se vio abocada a esta solución al haberle denegado la beca la Administración. Actualmente, esas mismas construcciones cuestan entre 200 y 320 euros mensuales. Muchas de ellas no han sido reformadas, así que, el paso de los años ha hecho mella y han dejado al descubierto grietas y filtraciones de agua que complican la vida a los que las habitan. En la mayoría de casos los inquilinos no cuentan con un contrato escrito. Según el estudio de Botana, el perfil ha ido cambiando y ahora ya no son tantos los estudiantes que se acogen a esta opción, sino que son los parados y los trabajadores precarios los que se ven abocados a residir en estas infraviviendas. De hecho, pocos aguantan varios años en ellas.
¿Se puede considerar un poblado chabolista? El Gobierno local cree que no, por eso, los residentes en la zona no tendrían derecho a ser realojados, como sí lo fueron los de A Pasaxe o los de Penamoa en su momento. Hay casos, sin embargo, que están ya en manos de la Concejalía de Benestar Social. Y es que, tras las puertas blancas de estas construcciones, se esconden realidades, como la de un hombre que lleva 17 años residiendo en una infravivienda de A Zapateira y que hoy intentará paralizar su desahucio en el juzgado. Los propietarios le acusan de impago y él defiende que siempre se hizo cargo de las mensualidades, aunque carece de recibos o de comprobantes bancarios que certifiquen el pago.
¿Quiénes son los propietarios de estas infraviviendas? Estas construcciones se encuentran en las fincas de los chalés, en algunas ocasiones, hay propietarios que cuentan con más de una decena de galpones habitados en su parcela. En 2008, algunos alquilaban también habitaciones en su casa y, actualmente, el estudio de Botana identifica también un sótano como residencia. A pesar de que este diario intentó contar con la versión de los propietarios, no fue posible que accediesen a hablar.
¿Están de acuerdo los vecinos con lo que hacen los propietarios de las fincas? No. El presidente de la entidad vecinal, Juan Manuel Sánchez Albornoz, asegura que es "una vergüenza" y denuncia que los vecinos que ponen los galpones en alquiler, "no quieren hacer unos dinerillos", sino que han montado "un negocio y viven de él". La entidad solicita que se precinten y derriben.
