10 de febrero de 2020
10.02.2020

Nuevos sondeos arqueológicos condicionarán las licencias para edificar en A Maestranza

El arqueólogo municipal advierte de que son necesarios los trabajos en las dos parcelas adquiridas a Defensa por una promotora vasca y que deben ser autorizados por la Xunta

09.02.2020 | 22:27
Trabajos de prospección arqueológica en A Maestranza realizados por el Concello en 2016.

El informe municipal sobre la solicitud presentada por la promotora vasca Lipromo para construir 156 pisos en las dos parcelas de A Maestranza que adquirió al Ministerio de Defensa incluye la advertencia del arqueólogo del Concello sobre la necesidad de que antes de que se concedan las licencias será necesario efectuar sondeos arqueológicos en esos terrenos. El técnico señala también que esos trabajos deberán ser autorizados por la Dirección Xeral de Patrimonio, organismo responsable de velar por la conservación de los vestigios históricos o culturales que puedan aparecer en ese lugar.

La posible presencia de restos arqueológicos fue comunicada por el Concello a Defensa mediante un informe entregado en septiembre de 2017 a solicitud del propio ministerio tras el fracaso de la primera subasta convocada para vender las tres parcelas que poseía en A Maestranza. El documento fue incluido posteriormente a título informativo en la segunda puja que abrió el ministerio.

Los trabajos se llevaron a cabo en octubre de 2016 y revelaron que en la parcela situada entre la avenida del Metrosidero y la Hípica existen tramos de las antiguas murallas de la ciudad, lo que llevó a Defensa a excluirla de la nueva subasta, también fallida, así como de la venta directa mediante la cual adjudicó las otras dos fincas a Lipromo.

La prospección efectuada también permitió conocer que en el subsuelo de la parcela 1, de 2.133 metros cuadrados de superficie, existe un muro que podría ser parte del llamado camino cubierto del baluarte de San Vicente, aunque el informe señaló que para determinarlo con rotundidad serán necesarios nuevos trabajos en los que se aprecie si existen construcciones que merecen conservarse.

Los trabajos en la parcela 2, de 1.353 metros cuadrados, no revelaron la existencia de restos, pero los técnicos pusieron de relieve que la realización de excavaciones para edificar tendrá que hacerse con la participación un arqueólogo ante la posibilidad de que aparezcan elementos de interés, lo que podría "modificar las condiciones de autorización de las obras o del proyecto previsto", de acuerdo con la normativa urbanística del casco histórico coruñés.

La clave de la exclusión de la parcela 3 primero de la subasta y luego de la venta directa fue la aparición de restos del baluarte nuevo de San Vicente y de la cortina del baluarte de Pelamios, que el arqueólogo municipal dijo que deben ser "conservados y puestos en valor" en el sótano de la edificación que se construya en el lugar, aunque también advirtió que previamente a esos trabajos será necesario llevar a cabo una nueva excavación con fines arqueológicos.

El informe entregado por el Concello a Defensa hizo hincapié también en las consecuencias que tendrá la construcción de aparcamientos en los sótanos de los edificios que se promuevan en los terrenos de A Maestranza. Sobre el primer solar, determinó la necesidad de nuevos sondeos para establecer si habrá limitaciones para este tipo de infraestructura, mientras que en el segundo la ausencia de vestigios durante la prospección realizada no implica que no puedan aparecer durante la construcción de un aparcamiento. En el caso del tercero se considera prácticamente segura la presencia de restos de la muralla y se plantea que se lleve a cabo una nueva excavación para sacarlos a la luz.

Informe municipal desfavorable

Los problemas de este proyecto inmobiliario con el patrimonio histórico no son los únicos a los que se enfrenta, ya que el informe elaborado por los técnicos municipales acerca de las licencias solicitadas por Lipromo aprecia también inconvenientes relacionados con las características de los edificios propuestos.

Sobre el mayor de ellos, en el que están previstas un centenar de viviendas, locales comerciales, 89 garajes y trasteros, se destaca la existencia de desniveles en el terreno que generan una "diferencia de altura muy grande e impactante" que no se ajusta a lo dispuesto en el plan especial de A Maestranza. También se indica que el inmueble no cumple la normativa municipal sobre las plazas de aparcamiento necesarias y que el desfase temporal entre este plan especial, elaborado en 1994, y la normativa municipal del casco histórico, aprobado en 2015, aconseja la redacción de un nuevo planeamiento para la zona antes de que se tramite esta licencia.

En el dictamen realizado sobre el segundo edificio, en el que se proyectan 56 pisos y 69 plazas de aparcamiento, los técnicos municipales advierten de la existencia de contradicciones sobre su diseño, basado en el plan especial, y la normativa del casco histórico, por lo que también proponen la elaboración de algún documento que resuelva este problema.

El Gobierno local trabaja todavía en la modificación del plan general de la ciudad en la zona de A Maestranza con el fin de reducir la edificabilidad que autoriza por el momento esta normativa. Esta iniciativa fue puesta en marcha por el Ejecutivo de Marea Atlántica en octubre de 2018 y supuso la paralización de la concesión de licencias de edificación durante un año.

Pocos días después de que terminase ese veto, Lipromo presentó la solicitud para construir en los dos terrenos que adquirió a Defensa. Si finalmente se reduce la edificabilidad en esta área, la mayor parte de la rebaja se aplicará en la parcela situada junto a la Hípica, aún en manos del ministerio, mientras que en la más cercana al rectorado habrá un pequeño recorte y en la tercera no está previsto que se efectúe.

El Gobierno local admitió ya que una operación de este tipo daría posibilidad a Lipromo a reclamar una compensación económica al contar con derechos adquiridos en esos terrenos, por lo que tratará de negociar con la empresa para evitar tener que afrontar una indemnización cuando culmine el proceso para la modificación de la normativa urbanística en este punto.

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