Un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local en 1990, durante uno de los mandatos del alcalde Francisco Vázquez, que autoriza la cesión de la explotación de los estacionamientos subterráneos de las plazas de Galicia, San Cristóbal, María Pita y Galicia por parte de la concesionaria, Aparcamientos Reo, a otras tantas empresas impide por el momento que el Concello recupere la gestión de estas instalaciones.

El Ejecutivo municipal de Marea Atlántica puso en marcha este proceso durante su mandato al constatar que la titular de la concesión había desaparecido y que no mantenía ninguna relación con los aparcamientos, pero la aparición del documento que permite el traspaso de la gestión a otras compañías obliga ahora al departamento de Movilidad y a la asesoría jurídica del Concello a estudiar si esos gestores deben ser indemnizados si se les obliga a abandonar los parkings.

El objetivo del Gobierno local de Marea Atlántica era que la Empresa Municipal de Vivienda, Actividades y Servicios (Emvsa) asumiera la gestión de los estacionamientos, aunque el Ejecutivo socialista todavía no tiene definido cuál será el modelo de explotación de los mismos una vez que se recuperen.

Aparcamientos Reo recibió la concesión de los cuatro estacionamientos en 1985 por un periodo de 49 años, por lo que debería terminar en 2034. Al haberse cedido su explotación a otras empresas, inicialmente ese debería ser el año en que el Concello podría recuperarlos, aunque deben ser los servicios jurídicos municipales los que determinen si los cesionarios tienen derecho a permanecer hasta el final de la concesión.

Según informó el Gobierno local al grupo municipal del BNG en respuesta a una pregunta escrita, en esos cuatro aparcamientos es necesario efectuar obras, una de ellas la instalación de un ascensor para peatones en el de María Pita. Esos trabajos le corresponderían al concesionario en caso de que continuara al frente de las instalaciones, por lo que también debe aclararse si las empresas a las que se las cedió deben hacerse cargo de la financiación de las reformas necesarias, factor que podría jugar en su contra a la hora de continuar con la gestión.

Las actuales gestoras de los aparcamientos asumen funciones que no les competen, ya que abonan el canon al Concello por su explotación, cuando quien debería hacerlo sería la concesionaria. También se hacen cargo del mantenimiento de los recintos, por lo que en 2004 plantearon al Gobierno local que les transfiriera la concesión de los mismos, aunque lo rechazó porque debía ser la concesionaria quien lo solicitase. En esa comunicación, las compañías informaron al Concello de que Aparcamientos Reo no llevaba a cabo ninguna actividad, aspecto que comprobó la propia administración municipal tres años después. Las investigaciones continuaron a pesar de todo y determinaron en 2010 que la concesionaria no operaba en el mercado, aunque no se había declarado su extinción de forma oficial.

A pesar de la negativa municipal al traspaso de la concesión a las cesionarias, la empresa que gestiona el aparcamiento de María Pita reiteró su petición en 2014 al Gobierno local del Partido Popular y en 2016 al de Marea Atlántica, en ambos casos con un resultado adverso. Fue precisamente ese último Ejecutivo el que inició los trámites en noviembre de 2018 para recuperar la gestión de los aparcamientos mediante una propuesta de resolución del contrato, justificada por la comisión de una "infracción gravísima de sus obligaciones esenciales".

El Consello Consultivo de Galicia respaldó esa decisión, sobre la que Aparcamientos Reo no se pronunció y a la que el interventor municipal dio el visto bueno, aunque con la advertencia de que el Concello debería asegurar que cobraría los cánones establecidos en el contrato de la concesión por la explotación de los parkings.

En enero de 2019 estaba previsto firmar la rescisión del contrato, pero se aplazó unos días para definir cómo se gestionarían los aparcamientos a partir de ese momento. Finalmente, el 25 de enero la Junta de Gobierno local aprobó que abriría un plazo máximo de seis meses durante el que se liquidaría la concesión, se nombraría un interventor para gestionar los aparcamientos de forma provisional y se aprobarían las nuevas tarifas.

Durante ese periodo se celebraron las elecciones municipales que motivaron el cambio de gobierno y, tras haber concluido, el BNG se interesó por saber si el Concello había asumido la gestión de los parkings, momento en que el Gobierno local desveló los problemas existentes para hacerlo.