El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña da por cerrado el conflicto judicial entre el Concello y la Fundación Amancio Ortega, que presentó un recurso interpuesto por la exención del pago de un impuesto por la construcción de la escuela infantil de A Sardiñeira. El nuevo Gobierno local accedió el pasado noviembre a asumir el tributo y compensar a la fundación. Marea había intentado cobrar el gravamen en 2018 a instancias del interventor.
El Concello decidió hacer frente al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que el Gobierno anterior trató de cobrar a la Fundación Amancio Ortega por considerar el Interventor que el convenio suscrito durante el mandato del PP pora su construcción era irregular en la forma y no había sido fiscalizado. El Ejecutivo socialista frenó el proceso judicial con la justificación de adelantarse a una indemnización que estimaban que iban a dictar los tribunales. Marea había intentado cobrar 55.179 euros del ICIO, incluidos intereses de demora.
La escuela se inauguró en 2016 y el recibo se giró en 2018. Tal y como consta en el expediente, el Interventor Xeral, habilitado nacional que controla a la Administración, objetó en un dictamen del 1 de enero de 2018 que, cuando se firmó el convenio en 2014, este no le fue enviado para su evaluación, "omitiendo por lo tanto el preceptivo informe previo a su aprobación". Advirtió además que "no cabe la concesión de una subvención para el pago de un impuesto municipal", que es lo que prevé "expresamente" el convenio.
El actual Gobierno local acepta asumir una compensación en virtud de un informe cofirmado por la actual directora de la Asesoría Jurídica (cargo de confianza), en el que no contradice al interventor pero sí recomienda el pago. El expediente relata que, después de que la Fundación Ortega presentase un contencioso por incumplimiento de convenio, el Concello presentó una solicitud para que se suspendiese el procedimiento judicial, "para llegar a una satisfacción extraprocesal", al tener el Concello la intención de "cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del tal convenio". Para la Asesoría Jurídica, el Concello adquirió un compromiso para "hacerse cargo del importe " aunque "la fórmula de colaboración municipal elegida no fue la más correcta". A pesar de la opinión de Intervención, la Asesoría recomienda "avenirse a las pretensiones" de la Fundación y poner fin al proceso judicial porque, "como bien dicen los demandantes, al no cumplir con una obligación comprometida, "parece que debe dar lugar a la correspondiente indemnización sustitutoria, en importe igual al del compromiso incumplido por el Concello".
