13 de febrero de 2020
13.02.2020

El limbo en el que espera la cárcel

El Concello guarda sus planes sobre la antigua prisión, cerrada desde hace un año, hasta conocer el fallo del Supremo sobre su titularidad, causa recurrida en 2016

12.02.2020 | 23:53
Zona de biblioteca mientras el interior de la cárcel de la Torre estuvo abierto en 2018.

La antigua cárcel provincial de A Coruña, reabierta en una parte en el verano de 2018 para actividades sociales y culturales y cerrada cuatro meses después, lleva más de un año sin actividad. El Concello, bajo el mandato de Marea Atlántica, renunció en febrero de 2019 a prorrogar la cesión por dos años que había obtenido del Ministerio del Interior para poner en marcha su recuperación. Ocho meses después del cambio de Gobierno local, el Ayuntamiento no tiene ningún proyecto concreto para la prisión del paseo marítimo y cualquier paso que vaya a dar el Ejecutivo de Inés Rey sobre su futuro está condicionado, según apuntan fuentes municipales, por la resolución del Tribunal Supremo que determine quién es el titular de la cárcel, aún sin veredicto.

El mal estado de la infraestructura penitenciaria, en la que durante el mandato anterior solo se hicieron obras de adecentamiento en unas pocas dependencias, es un factor importante que el Concello tiene en cuenta a la hora de considerar futuros usos para el recinto. Una posible rehabilitación del viejo penal exigiría una fuerte inversión, apuntan las mismas fuentes, que la administración local no estaría en disposición de afrontar en solitario. El coste podría superar los 30 millones de euros.

Toda decisión estará en todo caso supeditada a la titularidad de la cárcel, que debe dictar el Supremo. Han pasado tres años y medio desde que el Concello, con Marea en el Gobierno, recurrió un fallo de la Audiencia Nacional que enterraba los intentos del Ejecutivo anterior, del PP, por recuperar la prisión. Fuentes del Supremo consultadas por este periódico en septiembre pasado señalaban que el fallo no se retrasaría mucho y explicaban que el proceso no estaba estancado, sino que avanzaba según "los tiempos que suelen seguir este tipo de tramitaciones".

Fuentes del Concello precisaban entonces que hasta finales de 2018 la Administración local no había recibido la notificación de las diligencias de ordenación por las que el Supremo iniciaba en esa fecha la valoración del recurso interpuesto dos años antes.

La causa parte de la anulación de oficio, por parte del Concello cuando gobernaba el PP, del convenio de permuta de la prisión por unos terrenos municipales firmado en 2005 por el alcalde Francisco Vázquez y el Ministerio del Interior. Esa anulación, avalada por el Consello Consultivo, desestimaba las alegaciones de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), titular de la cárcel. De ese modo, el Concello pretendía obtener su reversión de forma gratuita y sin ceñirse a aquel acuerdo previo del alcalde socialista que establecía que si quería recuperar el recinto debía pagar 1,2 millones de euros. Pero la SIEP recurrió y la Audiencia estimó sus alegaciones, dictando en febrero de 2016, con el Gobierno de Marea, un fallo que invalidaba la nulidad decretada por el PP. El Concello anunció entonces que apelaría ante el Supremo, como finalmente hizo.

Marea reabrió unos meses la prisión en 2018 bajo la gestión de Proxecto Cárcere, a quien obligó a interrumpir el trabajo unos meses después. El colectivo abandonó el lugar, hoy de nuevo vacío.

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