La utilización de la antigua prisión provincial por parte del Concello no solo estará condicionada a la resolución que adopten los tribunales sobre si debe compensar al Estado por su recuperación, sino que también habrá que esperar a la reforma integral del edificio, según advirtió ayer la alcaldesa, Inés Rey.
En declaraciones a Radio Coruña, la regidora manifestó que el Gobierno local estudia diferentes proyectos para desarrollar en la vieja cárcel, pero que antes de poner en marcha cualquiera de ellas será necesario acometer una "inversión importantísima" que no cuantificó, aunque este periódico ha podido saber por fuentes municipales que se estima en torno a los 30 millones de euros. "Es un edificio que está cerrado precisamente por el mal estado en el que se encuentra", destacó Rey, para quien "es un riesgo y un peligro tenerlo abierto", de forma que para su apertura "se necesita una reforma integral, una reforma que es además muy cara".
Pero antes de que el Concello ni siquiera se plantee rehabilitar el inmueble, los tribunales tendrán que pronunciarse sobre su propiedad. La causa judicial se inició durante el mandato del Partido Popular, que anuló el convenio entre el Concello y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) firmado en tiempos de Francisco Vázquez, mediante el que la cárcel pasaría a manos municipales a cambio de 1,2 millones, ya que entendía que la transferencia debería ser gratuita al haber sido cedidos los terrenos para la construcción del penal.
La SIEP recurrió el acuerdo ante la Audiencia Nacional, que en febrero de 2016 declaró inválido el acuerdo municipal, lo que llevó al Gobierno local de Marea Atlántica a recurrir ese fallo ante el Supremo. El mismo Ejecutivo solicitó a la SIEP la cesión de la antigua cárcel mientras se resolvía el litigio y convocó un concurso para gestionarla al tiempo que realizaba unas reformas parciales. La convocatoria dio el uso de la prisión al colectivo Proxecto Cárcere, que organizó actividades desde agosto a diciembre de 2018, momento en que el Concello decidió prohibirlas ante los reparos que puso la Xunta a la pasarela de madera instalada en el acceso al edificio para facilitar la entrada.
Para entonces el PP ya había presentado una denuncia contra la adjudicación del recinto a Proxecto Cárcere al considerarla irregular, lo que derivó en la investigación a la concejala de Participación, Claudia Delso, por un posible delito de prevaricación administrativa que posteriormente fue archivado por el juzgado que instruyó el caso.
Aparcamiento
El grupo municipal de Ciudadanos exigió ayer una solución a la falta de aparcamiento en la zona de la Torre de Hércules por la presencia de autocaravanas, a las que propone ubicar en el recinto para estos vehículos existente en O Portiño, de forma que haya más espacio para usuarios de la ciudad deportiva y turistas.
