¿En qué problema relacionado con el acceso a la vivienda se centra el sindicato?

Nosotros trabajamos las problemáticas del alquiler en Madrid, en concreto sobre la venta de vivienda pública que conocemos como fondos buitre. Estos inquilino se han encontrado que, cuando el contrato ya vencía, ese suelo público había sido vendido años atrás y ahora se les exige una subida entre el 80 y el 100% del contrato anterior. Esto supone que se genere un proceso de empobrecimiento de familias de clase media trabajadora pero que no tenía tantos problemas económicos para llegar a fin de mes. Esta situación va a crear un tipo nuevo de pobreza que hasta ahora no afectaba a este sector de la sociedad.

¿Esto provoca un desplazamiento hacia la periferia?

Claro. Estamos en una fase en la que las fuerzas del mercado están expulsando a población que ya vive a las afueras de la gran ciudad. Porque estas familias afectados ya no vivían en el centro. Estas dinámicas novedosas van a generar un alza de los precios del alquiler en sitios a los que, hace décadas, había ido mucha población que ya no tenía acceso a la vivienda en el centro.

¿Es la especulación el origen del problema?

Uno de ellos. La especulación ya ha operado en barrios tradicionales, como Lavapiés, pero también en zonas humildes, como Vallecas. Pero esto se une a los pisos destinados a los turistas. Todo contribuye a que suban los precios. Además, ahora hay inmobiliarias que piden tres nóminas o dos fianzas. Es inasequible para la gran mayoría de la población.

¿Qué propone el sindicato como solución?

Planteamos una regulación de los precios del alquiler. Para esto, es necesaria la reforma de la Ley de arrendamientos urbanos, que fue modificada en abril del año pasado, pero que no afrontó el tema de los precios. Hay que poner por encima el derecho a la vivienda que la vivienda como bien mercantil. Esto demostrará si hay capacidad para atender a la demanda social. Junto a esa reforma de la ley, debería haber una respuesta política, de las administraciones, de recuperar la vivienda pública, cuya construcción, ahora, es irrisoria. Nuestro sindicato pide que la Sareb, que está en proceso de tener que vender las casas con las cuales fue rescatado el Estado español, destine estas viviendas al parque público para los vecinos y vecinas.

¿El propietario cuenta con más protección que el inquilino?

La reforma de la Ley que se hizo en abril incorporó ventajas para el arrendatario. Pero el gran problema como tal es entrar y mantenerse, es decir, lo que es prohibitivo es la entrada.

Esto hace que la alternativa, en ocasiones, sea la infravivienda, como ocurre en A Zapateira.

Sí, eso también está ocurriendo en Madrid. Parece que nos de que se garantice el derecho a la vivienda digna. En esos lugares se vive en condiciones infrahumanas. Es bastante indignante que se permita este mercado inmobiliario. Y el problema no es que no haya vivienda, es que no es asequible para las familias.