Las dificultades para adquirir vivienda nueva y los elevados precios de los alquileres contribuyen al crecimiento de la demanda de vivienda pública, que ha aumentado un 32% en dos años. Así lo reflejan los datos del Rexistro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia, en el que figuran, a febrero de 2020, un total de 2.588 personas. Son 629 usuarios más que los registrados en 2018 y 278 más que el año pasado.
Este incremento, que comenzó hace dos años, contrasta con los periodos anteriores, cuando se encadenaron seis años de caída del número de solicitantes de arrendamientos protegidos. No es casualidad. El mercado inmobiliario está en estado de alerta, sin una ley específica que regule los precios, a lo que se une el boom de los pisos turísticos y la limitada capacidad económica de los jóvenes, que tienen que destinar a la vivienda más de la mitad de su sueldo.
La situación se da en toda España, pero en A Coruña, los números del Instituto Galego de Estatística confirman que los precios de la mayoría de vivienda nueva no están al alcance del trabajador medio. ¿La alternativa? Una de ellas es vivienda protegida. El problema es que la oferta es limitada y las administraciones tampoco ejercen de promotoras.
Los últimos pisos de promoción pública promovidos por el Concello fueron los de Tabacos, aunque reconoció su intención de levantar otras 80 viviendas sociales en el ofimático. También tiene planes de destinar una parcela en la esquina de las calles San Nicolás y Marqués de Pontejos para la construcción de ocho pisos para jóvenes. Además, la Xunta ha sacado a licitación por segunda vez en dos años la construcción de un edificio de 40 pisos para alquiler social en el ofimático, una de las zonas más asequibles para el trabajador medio.
El Gobierno autonómico también tiene a la venta terrenos en este barrio para destinar a viviendas de protección oficial, las mismas que se construyeron en Eirís y Novo Mesoiro.
La mayoría de demandantes, no obstante, se decanta por los pisos de promoción pública. Un 88,4% de los usuarios registrados opta a adquirir viviendas construidas directamente por una administración pública. Solo el 11,6% está interesado en pisos sociales impulsados por un operador privado. Los números de la Xunta reflejan que el deseo de tener una vivienda en propiedad ya ha quedado al margen. Más de la mitad de los solicitantes de pisos protegidos, 1.509 personas de un total de 2.588, elige la modalidad de alquiler. El 25,9% también opta por arrendamiento, pero con opción de compra. Solo 407 solicitantes quieren comprar un piso.
El interés que despiertan las viviendas de promoción pública de núcleos rurales o cascos históricos es muy escaso. Solo 65 peticiones a día de hoy. En este apartado sí que los compradores superan a los arrendadores, ya que hay 49 personas que quieren tener en propiedad un piso con esta ubicación especial. El apartado con menos demanda es el de vivienda de promoción privada de régimen concertado, que cuenta con seis solicitudes.
