19 de febrero de 2020
19.02.2020

El Concello aplaza pedir el BIC de la cárcel hasta que finalice el pleito por su propiedad

El edificio cuenta ya con protección al figurar en el catálogo de patrimonio del plan general, pero el Gobierno local no descarta solicitar que se declare bien cultural

18.02.2020 | 22:52
Interior de la antigua prisión coruñesa, durante su gestión por el colectivo Proxecto Cárcere.

El conflicto judicial que enfrenta desde hace años al Concello y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios sobre la propiedad de la antigua prisión coruñesa hace que el Gobierno local renuncie por el momento a solicitar que el edificio sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Xunta.

Fuentes municipales recuerdan que el inmueble ya cuenta con protección al figurar en el catálogo de patrimonio del Plan General de Ordenación Municipal, pero que, si finalmente una sentencia del Tribunal Supremo da la razón al Concello y establece que debe recuperarlo sin tener que compensar a la sociedad estatal, no se descarta plantear a la administración autonómica su declaración como BIC.

Uno de los puntos del acuerdo mediante el que el BNG apoyó la investidura como alcaldesa de la socialista Inés Rey es la devolución gratuita al Concello de varios edificios de propiedad estatal entre los que figura la cárcel vieja. Los nacionalistas consiguieron en octubre el apoyo del PSOE a una moción en la que reclamaba la declaración de BIC para la antigua prisión, ya que esta resolución obligaría al Estado a rehabilitarla y a abrirla al público.

Pero el paso de más de tres meses desde la aprobación de esta iniciativa sin que el Concello presentara la solicitud y el anuncio del Gobierno local de que no tomará ninguna decisión acerca del antiguo complejo penitenciario hasta que se dirima a qué institución pertenece, lleva a los nacionalistas a formular una pregunta sobre este asunto en el pleno municipal de marzo.

El BNG estima que la solicitud de declaración como BIC sería una "decisión de emergencia", aunque mantiene que el objetivo es la devolución gratuita de la cárcel al Concello por el hecho de que se levantó sobre terrenos de propiedad municipal. El Gobierno local de Francisco Vázquez permutó con el Estado la antigua prisión en 2005 por terrenos del Concello y acordó pagar además 1,2 millones, aunque el PP logró luego la anulación de ese pacto y Equipamientos Penitenciarios la recurrió ante el Supremo.

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