La nueva concesionaria de las instalaciones de la fábrica de armas, la Universidade da Coruña (UDC), abonará un canon anual por el uso y explotación de su proyecto Ciudad de las TIC ligeramente superior al que debía pagar cada año Hércules de Armamento. La diferencia es de solo 10.000 euros: la empresa que dirigía Ramón Mejuto asumía un gasto de 250.000 euros que únicamente hizo efectivo el primer año; la institución académica abonará 260.000 euros a partir del cuarto año de la firma del convenio de cesión con el Ministerio de Defensa.

El acuerdo entre la UDC y el departamento estatal supone un cambio de orientación en la explotación de unas instalaciones que la administración central quiso tener operativas tras cerrar General Dynamics la planta de Pedralonga y despedir a sus trabajadores en 2013. Hace más de cinco años, cuando Hércules ganó el concurso público para mantener la actividad industrial en la fábrica en una nueva etapa, se comprometió a pagar 250.000 euros anuales en concepto de canon, obligación que establecía el pliego de condiciones del concurso. Cinco años después, cuando Defensa y la UDC unen fuerzas para impulsar un proyecto de interés público a partir del desarrollo de iniciativas tecnológicas aplicables a distintos ámbitos de la sociedad, el importe del canon es prácticamente el mismo.

El rector universitario comentó este martes, tras la firma de la resolución por la que la UDC obtiene la concesión de los terrenos por 25 años prorrogables hasta 50, que la cuota anual del canon del complejo de Pedralonga la asumirá el propio parque tecnológico, una vez transcurridos los tres años de carencia acordados. Julio Abalde no quiso detallar más y repitió que la financiación será "básicamente pública" pero contará con aportación "fundamental" privada. La UDC estima que invertirá 50 millones de euros en el proyecto global de la Ciudad de las TIC y prevé que la primera empresa se instale en dos años.

Hércules sumó entre sus deudas durante la gestión de la fábrica de armas desde finales de 2014 las correspondientes al canon anual entre 2016 y 2019. Defensa permitió a la empresa mantener la concesión tras no abonar la segunda anualidad, aunque la advirtió de que ese impago supondría la ejecución del aval depositado tras ganar el concurso, que a la postre cubrió las anualidades adeudadas. Hércules se había comprometido a pagar 250.000 euros al año de canon más un 2% de la facturación a partir del segundo.