Un mandato de la Xunta sin hitos en A Coruña

La obra, con un coste de dos millones de euros, fue la actuación más relevante del Gobierno gallego en la ciudad durante los últimos cuatro años, en los que entró en servicio la nueva sede de la Audiencia Provincial en la antigua Fábrica de Tabacos, aunque esa iniciativa fue puesta en marcha en 2014 y la reforma se inauguró en abril de 2017, solo seis meses después de que Alberto Núñez Feijóo tomara posesión por cuarta vez como presidente de la Xunta.

La legislatura autonómica se ha caracterizado en A Coruña por el retraso de proyectos que estaba previsto que se desarrollasen en este periodo, algunos de los cuales llegaron a iniciarse, mientras que otros ni siquiera se han puesto en marcha. Feijóo dio un golpe de efecto en el tramo final del mandato al anunciar el proyecto de construcción de un nuevo hospital público mediante una inversión de 395 millones de euros, pero esa decisión oculta que el Plan Director del complejo aprobado en el año 2000 todavía no ha sido terminado cuando estaba proyectado que solo durara diez años.

Una de las últimas actuaciones realizadas fue la reforma de las urgencias del Materno Infantil, en la que se invirtieron 1,3 millones en este mandato, mientras que para el próximo se abordará la última fase de ese plan, la sustitución del antiguo hotel de pacientes por nuevos edificios, que el Sergas incluye ahora dentro del proyecto del nuevo hospital.

Después de haber anunciado durante el Gobierno local del PP que la antigua Delegación de Sanidade albergaría el nuevo cuartel de la Policía Local, la llegada de Marea Atlántica al Concello paralizó la cesión de ese edificio, del que en 2018 la Xunta anunció que se convertirá en el Espacio Amizar, destinado a acoger a entidades sociosanitarias coruñesas. La obra, adjudicada por 6,3 millones en 2019, acaba de ponerse en marcha, por lo que no podrá convertirse en un logro de este mandato.

La construcción de un colegio público es una demanda histórica en Novo Mesoiro, aunque el proyecto, con un coste de 3,8 millones, no se inició hasta 2017 tras la cesión de los terrenos por parte del Concello. La Xunta incluyó 730.000 euros en el presupuesto de este año para ejecutarlo. La conclusión está prevista para el inicio del próximo curso.

La residencia de mayores de Eirís, un proyecto largamente esperado y para el que el Concello también había cedido una parcela, dio un giro inesperado en las últimas semanas al decidir la Xunta renunciar a ella para adquirir en su lugar la antigua guardería Virgen del Carmen, lo que demorará aún más esta iniciativa, valorada en 15 millones pero que será financiada por la Fundación Amancio Ortega.

Aún en el terreno educativo, la Consellería de Educación realizó en este mandato la primera fase de la reforma del instituto Eusebio da Guarda con una inversión de 1,4 millones, pero las obras eran esperadas desde hacía años y todavía deben ser completadas con otra fase que no ha sido iniciada por el momento.

También el edificio de viviendas sociales del parque ofimático ha sufrido retrasos, ya que primero la administración autonómica debió cambiar el proyecto inicial para adaptarlo a las exigencias del Concello. Una vez comenzadas las obras, la empresa adjudicataria renunció al surgir problemas en las excavaciones, lo que obligó a licitar de nuevo el contrato, presupuestado en 4,5 millones, de forma que tampoco esta actuación podrá presentarse como un logro del mandato.

La negativa del anterior Gobierno local a que el mercado de Santa Lucía albergase también un centro de salud impidió durante el mandato de Marea Atlántica la construcción de este equipamiento sanitario en ese barrio, ya que la Xunta rechazó las ubicaciones alternativas que propuso el Concello. El nuevo Ejecutivo municipal sí acepta la convivencia entre ambas instalaciones en el mismo edificio, pero el proyecto todavía no ha sido presentado y se desconoce cuándo podrá comenzar a construirse.

El desencuentro fue la tónica habitual en las relaciones entre los gobiernos autonómico y local durante la presencia de Marea Atlántica en el palacio de la plaza de María Pita y el proyecto de la nueva estación de autobuses de la intermodal uno de sus máximos exponentes. Ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre el diseño del complejo, pero luego surgieron las discrepancias y ambas partes se acusaron mutuamente de ser responsables de los retrasos que se produjeron.

La Xunta culpó incluso al Concello de hacerle perder los fondos europeos que estaban destinados a esta obra, aunque luego debió admitir que sería posible utilizarlos. Finalmente se alcanzó un pacto sobre la terminal, pero los cambios urbanísticos necesarios para construirla hacen que todavía no haya comenzado esta actuación.

El futuro de los terrenos portuarios de la ciudad que queden liberados también enfrentó a Xunta y Concello. Cuando desde María Pita se reclamó la transferencia gratuita de esos muelles, el Gobierno gallego firmó de improviso un protocolo con el Ministerio de Fomento y la Autoridad Portuaria mediante el que se comprometía a abonar 20 millones por el 51% de la propiedad de los de la Batería y Calvo Sotelo. La iniciativa suscitó el rechazo de todos los demás grupos políticos y la llegada del PSOE al Gobierno central acabó por aparcarla, aunque la Xunta se comprometió a que La Solana no sería vendida por el Puerto para financiar la construcción de la dársena exterior.

La creación del área metropolitana también enfrentó a ambas partes ante el intento de Marea Atlántica de impulsar este ente, ya que los alcaldes del Partido Popular de la comarca se escudaron en la negativa de una parte de la Corporación coruñesa a respaldar el proyecto para evitar hacerlo ellos.

Cuando los socialistas obtuvieron la Alcaldía de la ciudad finalmente apoyaron la iniciativa, aunque la Xunta deberá despejar las dudas sobre su respaldo a un organismo de ámbito comarcal que pretende gestionar importantes competencias.

La regeneración de la ría de O Burgo es una demanda histórica de toda la comarca sobre la que la Xunta argumenta que ya realizó los trabajos que eran de su competencia, en alusión a la red de saneamiento instalada en ambas riberas. Fomento y Gobierno gallego polemizaron durante años sobre si ambas administraciones debían cofinanciar el proyecto,que finalmente recibirá una cuantiosa ayuda de la Unión Europea para llevarse a cabo.

En el área metropolitana coruñesa la urbanización del polígono de Morás ha sido la actuación más destacada en este mandato de la Xunta, aunque aún está pendiente de completar este año con una inversión de 15,7 millones, aunque el Concello de Arteixo reclama además la construcción de un nuevo colegio para atender la fuerte demanda educativa de su población. El Gobierno gallego también es el responsable de otra infraestructura en marcha, la prolongación de la vía ártabra hasta la AP-9, a la que en 2020 se dedican 6 millones, aunque la obra cuenta con la oposición del Concello de Cambre por el trazado elegido.

La mejora del saneamiento en Sada para evitar inundaciones como las de hace cuatro años era una demanda de este municipio que la Xunta rechazó durante este mandato pero que se verá atendida en el próximo, tras el acuerdo alcanzado para desarrollar esta obra y la reciente inclusión del humedal de As Brañas entre las zonas con riesgo de inundación.

Esa misma localidad todavía deberá esperar por la recuperación del edificio La Terraza tras su reciente declaración como Bien de Interés Cultural, calificación que también se concedió a O Pasatempo, de Betanzos, cuyo Concello reclama desde hace años su rehabilitación, que deberá desarrollarse en el siguiente mandato tras haberse logrado un pacto entre las administraciones sobre esta actuación.