El acceso a la vivienda se ha complicado en la ciudad, tanto, que la Cocina Económica, en su memoria del año pasado, indica que "a corto y medio plazo surgirán nuevos perfiles de personas sin hogar" más allá de los ya conocidos, de las personas que sufren adicciones y/o problemas mentales y que llevan ya tanto tiempo en la calle que no saben ya cómo salir de ella.

El trabajador social de la entidad, Pablo Sánchez, indica en la memoria del pasado ejercicio que, actualmente, hay en la ciudad viviendas en las que conviven varias familias, cada una en una habitación y que eso hace que haya "quince o más personas" en un solo piso, con los inconvenientes que eso genera en la convivencia, teniendo que usar "por turnos" los servicios comunes, como la cocina o los baños.

"Tener dinero no es suficiente para alquilar una vivienda o una habitación en un piso compartido. La demanda supera con creces la oferta en ambos casos y los requisitos para acceder a las mismas son inasumibles por muchas personas y familias", según recoge la memoria de la Cocina Económica. Esta manera de acceder a la vivienda es la que, tradicionalmente, han utilizado los migrantes africanos, que llegan solos a la ciudad, aunque ahora se ha extendido a las familias, sobre todo, a las procedentes de Venezuela, Perú y Colombia.

La institución atendió durante el año pasado a 943 personas en su área de Trabajo Social, de las que 575 acudieron por primera vez a las dependencias de la calle Cordelería, de ellas, 366 eran extranjeras. Es el número más alto de usuarios nuevos desde 2012, cuando entraron por primera vez por la puerta 579 personas. De modo que, durante el año pasado, seis de cada diez personas atendidas en la Cocina Económica no habían ido nunca antes. La cifra de usuarios aumenta si se tienen en cuenta los otros servicios que ofrece la entidad, ascendiendo a 1.324 personas o unidades familiares durante el año. Durante el año pasado, 190 personas acudieron cada día al comedor, 522 unidades familiares recibieron comida para consumirla en sus casas; 95 personas cada día hicieron uso del servicio de aseo y medio centenar asistieron al centro de día cada jornada.

Muchas de ellas solo necesitaban una atención puntual, por ejemplo, empadronarse en la entidad para poder acceder a servicios públicos básicos, como la sanidad. Durante el año pasado hasta 302 personas solicitaron establecer como su dirección el número 10 de la calle Cordelería.

La Cocina Económica contó el año pasado con un presupuesto mensual de unos 3.500 euros para ayudas. En este apartado, hasta 2018, que cambió la tendencia, la partida más grande se derivaba a las ayudas a la vivienda, desde 2018 y también en 2019, fueron los gastos farmacéuticos los que se llevaron el grueso de las ayudas. En total, 15.958 euros „aproximadamente, 120 ayudas al mes„ frente a los 13.459 euros que se destinaron al pago de 80 ayudas para hacer frente a los recibos del alquiler de una habitación. Sánchez indica que, actualmente, no se le dice a nadie que no cuando presenta gastos de farmacia. De las 943 personas que fueron atendidas por el trabajador social, 371 recibieron ayuda económica, al menos, una vez durante el año „la media es 2,5 al año„. La cuantía media de las ayudas por persona ascendió a 116 euros. Sánchez explica que intervenir en un momento de necesidad puede impedir que la situación de exclusión social empeore y se pase, por ejemplo, de vivir en un piso compartido a estar sin hogar.

Las dificultades de acceso a la vivienda y su "sobreocupación" marcan la memoria de la gestión de 2019, que es un fenómeno que sufren, sobre todo, las familias que proceden de otras latitudes. "La inmigración procedente de África suele ser individual" „describe„. Suelen ser personas solas las que llegan a la ciudad y que se han separado de sus familias por diferentes motivos. Sin embargo, las personas que proceden de Sudamérica emprenden el viaje en familia, algunas de ellas, con pequeños ahorros que pretenden rentabilizar al máximo, es por ello por lo que optan por vivir en pisos compartidos.

El trabajador social estima que, más de la tercera parte de las personas atendidas durante el año pasado vivió en algún momento o, incluso, en varios, en una casa abandonada u ocupada con otras personas. Es una de las alternativas que encuentran los usuarios en momentos en los que carecen de ingresos, cuando están esperando a que se les conceda una ayuda o cuando no consiguen encontrar una habitación en un piso compartido. "Actualmente, se están pidiendo avales bancarios, fianzas de seis meses e, incluso, el pago de medio año por adelantado", relata Sánchez, unas condiciones que imponen los propietarios de las viviendas y que complican la entrada a los potenciales inquilinos.

Ya en la memoria de 2018, la Cocina Económica alertaba de que la red asistencial de la ciudad está "al límite de su capacidad" desde hace años. Lo sigue estando en 2020 y lo estuvo en 2019, según los datos de la entidad. "La tendencia del flujo migratorio desde finales de 2017 es creciente y la previsión es que continúe constante", dice la memoria de Trabajo Social. El reto que se presenta ahora es el de "gestionar adecuadamente la demanda" para continuar atendiendo a las personas más vulnerables. También aboga por la coordinación para "optimizar recursos" y por aliviar la "presión asistencial" a la que está sometida la red de atención.

En la ciudad existe ya una "bolsa de pobreza y exclusión social" desde hace años a la que se suma el flujo migratorio.