El Gobierno central pedirá fondos europeos, a través del proyecto comunitario Connecting Europe Facility (CEF), para financiar la construcción de la conexión ferroviaria con el puerto exterior de punta Langosteira. De acuerdo con una respuesta del Ejecutivo a una pregunta escrita presentada en el Congreso por el Partido Popular, y fechada el pasado 11 de febrero, esta decisión se ha tomado por la "reciente aprobación definitiva" del nuevo reglamento del CEF, en el que se contempla el itinerario A Coruña-Vigo-Monforte-León dentro del Corredor Atlántico. Esto permitirá, según el Gobierno, que el proyecto de conexión ferroviaria "pueda acceder a una financiación europea ventajosa".
El Estado presentará una solicitud de fondos "cuando se abra el plazo", si bien no menciona cuándo espera que éste empiece. El pasado 16 de octubre el CEF presentó una convocatoria de subvenciones para transporte, dotada con un presupuesto de 1,4 billones de euros. El cierre para presentar las propuestas acabó, precisamente, ayer, y la firma de los acuerdos que se concedan se espera para julio de este año. Por lo tanto, la financiación europea para la conexión ferroviaria del puerto exterior, si se concede, tendría que esperar al menos unos nueve meses desde el inicio de la convocatoria.
Esto se suma a un retraso de años, por la falta de documentos técnicos o por dudas acerca de la financiación. El primer barco llegó al puerto exterior coruñés en agosto de 2012, y el proyecto constructivo de la vía ferroviaria a la dársena debía estar terminado en noviembre de 2017. Sin embargo, el pasado mes de marzo, la presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Isabel Pardo de Vera, informó de que este documento todavía no estaba terminado. Según dice ahora el Gobierno, el informe ya ha sido redactado por la Autoridad Portuaria.
Queda la cuestión de la financiación, que el Gobierno estima "en el entorno de los 150 millones de euros". En abril de 2018 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció un acuerdo entre Puertos del Estado y Adif para cofinanciar la vía, pero esto no tuvo reflejo en los presupuestos de estas entidades, y el pasado mes de diciembre la actual presidenta de Adif confirmó que el pacto no se llegó a firmar "nunca". "Con Adif nadie se puso en contacto", señaló Pardo de Vera sobre el anuncio.
Actualmente, el Gobierno afirma que las obras requieren "un acuerdo de aportaciones financieras que aún no está cerrado", aunque añade que Puertos del Estado "mantiene el compromiso" de coordinar con Adif y la Autoridad Portuaria de A Coruña la "búsqueda de fórmulas" para financiarlas.
Todas las administraciones implicadas consideran que la conexión ferroviaria es necesaria. El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, urgió el mes de abril pasado al Gobierno "a que tome cartas en el asunto y palie la situación. Hace falta poner dinero y voluntad, y lo que no hay es voluntad". Pardo de Vera afirmó en diciembre que "no se concibe un puerto sin conexión ferroviaria", y el Gobierno señala en su respuesta que la vía férrea "es imprescindible para dotar de completa operatividad al puerto exterior", ya que posibilitará el traslado de mercancías que siguen en los muelles interiores, como el carbón, el bioetanol y algunos graneles. También permitirá captar "potenciales operadores e inversores", de acuerdo con la administración central.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció tras la constitución del nuevo Gobierno que pediría una reunión para tratar las inversiones pendientes en la ciudad, entre ellas las de la conexión ferroviaria. Hasta el momento este encuentro no se ha producido.
Propuesta por la intermodal
El diputado del BNG Néstor Rego presentó el doce de febrero una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a licitar "con la máxima celeridad" la construcción de la intermodal de A Coruña, evitando que Adif "introduzca nuevas exigencias que dificulten y retrasen la ejecución del proyecto".
La reconversión de la estación de trenes en intermodal, requiere de la coordinación de Adif, la Xunta y el Concello. En una reunión entre las tres administraciones implicadas del pasado 23 de enero, Adif pidió la titularidad de unos 10.000 metros cuadrados procedentes de viales y terrenos entre las avenidas de Arteixo y A Sardiñeira, que, según el concejal coruñés de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, han tenido un uso municipal "histórico".
Además, reclama "edificabilidad no lucrativa", esto es, no destinada a construir para su venta viviendas, en el ámbito de la estación, para complementar sus ingresos alquilando al espacio a locales comerciales y de hostelería, "tales como cafeterías y restaurantes, prensa, regalos". En el planeamiento anterior, Adif contaba con 45.000 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa, cuando se planteaba que la intermodal fuese acompañada de pisos, un centro comercial y hasta un hotel. Actualmente se han rebajado a 5.100 metros.
El BNG entiende que las nuevas exigencias de Adif "suponen un peligro para la ejecución de las obras", ya que obligarían a tramitar un cambio urbanístico. El partido también interpreta que constituyen "un posible intento de especulación urbanística".
