El Gobierno confía en que la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas emita el próximo mes de abril un informe sobre la muerte de Diego Bello, el joven coruñés abatido el pasado 8 de enero por la policía del país asiático, de acuerdo con su respuesta a un pregunta escrita planteada por el Partido Popular en el Congreso.
El Gobierno señala que el día 10 el cónsul español se desplazó al lugar de la muerte para solicitar una "pronta y diligente" investigación, y el jefe de policía local, que acusó a Bello de ser un narcotraficante, le dijo que se habían abierto pesquisas policiales, "cuyas conclusiones aún no se conocen". El 20 y el 24 de enero el embajador se reunió con el secretario de Interior filipino para agilizar la repatriación del cuerpo, que se realizó el día 25, y pedir que se abriese una investigación por la Oficina Nacional de Investigación del país.
El hermano del fallecido, Bruno Bello, señaló ayer que es la del Gobierno una respuesta "muy general en la que no nos dicen nada nuevo", pero espera que en los próximos días haya novedades sobre la autopsia realizada al fallecido en el Instituto Anatómico Forense. Esta semana la plataforma Xustiza para Diego está colgando carteles para reclamar que se esclarezca la muerte del coruñés, que, según sus allegados, fue una "ejecución".
