El concurso de acreedores abierto en diciembre por el Club Financiero Atlántico provocará en los próximos días el cierre de sus instalaciones, abiertas en 1989, y el despido de sus 21 trabajadores, según anunció ayer el expresidente de la entidad, Mariano Gómez-Ulla, quien la dirigió durante los últimos cinco años. El abogado del club durante el proceso concursal, Rafael González del Río, quien compareció públicamente junto con Gómez-Ulla, cifró en 300.000 euros la deuda que existía cuando se inició este trámite y situó el origen de los problemas en que la entidad "no estaba concebida para hacer frente al cumplimiento de obligaciones ajenas a su actividad", en alusión al pago de costes laborales y de Seguridad Social, así como del mantenimiento de las infraestructuras.

Gómez-Ulla admitió que a los trabajadores se les adeudan las nóminas de enero y febrero y justificó la apertura del concurso por su voluntad de que no se acumularan más impagos a la plantilla. En declaraciones a este diario, el delegado de personal del club, Manuel Soñora, explicó que ya casi no pasan socios por su sede "porque no se nos permite comprar y se nos terminó todo", lo que hizo que ayer mismo se cerrara la piscina al acabarse el cloro.

El representante de los trabajadores atribuyó la crisis económica que atraviesa esta sociedad a que "se gastaba más de lo que se ingresaba", así como a que el expresidente se dedicó a "pleitear con el personal sobre los salarios y los horarios, así como con el propietario del edificio por el alquiler".

González del Río reconoció que existen discrepancias con la empresa dueña de las instalaciones, pero que esa no es la causa del concurso, que instruye el Juzgado de lo Mercantil número 2. Esas diferencias motivaron que no se vaya a renovar el contrato de arrendamiento y que el club tenga que abandonar el edificio próximamente. Soñora manifestó sobre este asunto que la entidad no abonó el alquiler durante los últimos cuatro años y que el cierre se debe a la "mala gestión" desarrollada en ese periodo, que derivó en que desde el pasado julio no se pague a Hacienda, la Seguridad Social y los acreedores, por lo que las cuotas de los socios se intervinieron y el club carece de liquidez en este momento.

Gómez-Ulla aseguró que cuando accedió a la presidencia la situación económica "ya estaba muy deteriorada" y que la empresa que explotaba las instalaciones, Remocsa, estaba en concurso, por lo que el club tuvo que asumir su personal, lo que en su opinión originó su crisis actual. Para solventar el problema, los socios abonaron en 2015 una derrama de mil euros que el expresidente ve "muy difícil" repetir ahora porque entonces ya hizo perder miembros al club.

Pero el delegado del personal destaca que cuando se les incorporó al club se despidió a los tres trabajadores que se negaron a renunciar a su antigüedad, a los que hubo que readmitir cuando ganaron el juicio sobre este asunto.

Gómez-Ulla admitió que hubo conversaciones con empresarios para intentar salvar el club pero que no fructificaron, aunque negó haber contactado con Amancio Ortega, quien desayunó allí desde la fundación de la entidad. Según el expresidente, a su llegada al cargo había 192 socios y en el momento de solicitar el concurso de acreedores la cifra era de 270.