La catedrática de Derecho Penal de la Universidade da Coruña, Patricia Faraldo, ha formado parte del grupo de expertos que estudió las modificaciones del Código Penal sobre delitos sexuales. Defiende que se ha querido "desacreditar" la nueva ley, por lo que incluye y quién la ha escrito, pero considera que ha llegado el momento de que desaparezcan "los comportamientos que afectan a la libertad sexual de las mujeres".

¿Qué aspecto diferencia a la nueva ley de libertad sexual?

La novedad que introduce es el abordaje integral de la violencia sexual. Es decir, no solo cuestiones de sensibilización y prevención, sino también cuestiones relativas al acompañamiento a las víctimas y su reparación integral. Creo que solo de esa forma damos una respuesta completa a las mujeres que son víctimas de violencia sexual en nuestro país.

¿Hasta ahora se juzgaba más a la víctima que al agresor?

Ha sido tradición en los delitos sexuales que una línea de defensa fuera poner en cuestión el comportamiento de la víctima. Antes, durante y después de los hechos. Lo hemos visto en el caso de La Manada, por ejemplo. Pretendemos que ese tipo de cuestionamientos se reduzcan, pero pretendemos también que las violencias sexuales, en general, se reduzcan. Que sensibilicemos y eduquemos a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía para prevenir la violencia sexual. También es importante que el paso de la víctima por el sistema de justicia sea más fácil que hasta ahora. Somos muy conscientes de que hay una amplia cifra negra, un número de víctimas muy elevado, que no se anima a denunciar.

¿Ve cerca la solución para que no exista ese miedo?

Sí. El miedo a lo que van a hacer contigo en el proceso. El miedo a tener que soportar encontrarte con el agresor en la sala de juicio o que se cuestione tu comportamiento sexual. Entiendo que las víctimas necesitan un mayor acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Y esto es lo fundamental que plantea esta ley. Luego la reforma del Código Penal es, entre comillas, anecdótica.

La ley introduce delitos nuevos como el de acoso ocasional, ¿había un vacío en este sentido?

Antes teníamos un falta, que era una infracción leve, que se llamaba injurias o vejaciones injustas de carácter leve. Esto se eliminó en la reforma de 2015. Entonces, toda una serie de comportamientos sexistas que acaban siendo humillantes o intimidatorios para la víctima tenían cabida en algunos casos en esa falta y ahora no tenían una respuesta en el ordenamiento penal. Creemos que son comportamientos que afectan a la libertad sexual de las mujeres. De esta manera, el Código Penal lanza un mensaje a la ciudadanía en el sentido de que son comportamientos que deben ir desapareciendo. Y no me refiero al piropo, porque un piropo bien dicho y bien recibido no es objeto de atención por parte del Código Penal. Aquí se habla de utilizar expresiones o comportamientos sexuales o sexistas que hacen que la mujer se encuentre en una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria. Es algo completamente distinto. Esto es seguirte hasta el portal de tu casa de noche diciendo todo lo que van a hacer con tu cuerpo si te pillaran. Eso limita nuestra libertad sexual. Yo no tengo por qué estar en el espacio público temiendo este tipo de conducta.

¿La normalización de esos comportamientos, hasta ahora, es consecuencia de una sociedad machista?

Claro. Aquí se ha considerado normal valorar a una mujer por su aspecto físico. Y hacer apreciaciones en público sobre su aspecto público. ¿Vamos nosotras haciendo lo mismo con los hombre? No, eso no se ha normalizado de esa forma.

¿Por qué ha suscitado tantas críticas esta nueva ley?

Por la política. Entiendo que las observaciones técnicas, en algún caso, se han enmascarado, y algunas, sin duda, son atendibles, pero otras responden al intento de desacreditar la ley, el contenido y a quienes han participado en su redacción con la idea de que se descarte todo lo que es la parte más importante de la ley, que es el acompañamiento a las víctimas, y se deje solo la reforma penal.

¿Por qué?

Porque la reforma penal interesa meterla en un saco más grande, donde van a ir los delitos de sedición y rebelión o medioambiente. En el informe del Ministerio de Justicia, que se ha filtrado, están bastante de acuerdo con la parte penal, pero donde hacen hincapié y hay una crítica bastante más ácida es en la parte no penal, que es precisamente la que supone un verdadero avance en los derechos de las mujeres.

¿Esto ha colocado a Irene Montero en el punto de mira? ¿Se ha prestado más atención a quién lo hace que lo que supone la ley?

Está todo relacionado. Esta es la primera ley del Ministerio de Igualdad y la primera ley de este Gobierno de coalición. A algunos, quizá, no les interesa ni que esta ministra saque una ley adelante ni que lo haga este Gobierno. Creo que no es tanto el contenido. Además, lo que está pasando ahora me recuerda a lo que ocurrió con la Ley de protección integral contra la violencia de género. En su momento, fue recibida con una oposición feroz y ahora, quince años después, estamos todos de acuerdo en que ha ayudado a muchísimas mujeres a salir de situaciones intolerables. Creo que dentro de quince años podremos hablar también positivamente de la Ley de garantía de la libertad sexual.

Elimina, además, la diferencia entre abuso y agresión sexual. ¿Se consolidará esto con rapidez en la sociedad?

Sí. Creo que la ciudadanía va a entender perfectamente que se considere agresión y no abuso que un padre sujetara las manos de su hija para penetrarla. Eso es violación y no abuso, y es hora de que lo digamos. También es violación darle burundanga a una mujer para que quede inconsciente. Esto la ciudadanía lo entiende y lo va a aceptar.