El Ministerio de Transición Ecológica licitará de forma inmediata el proyecto para dragar la ría de O Burgo. Lo hará sin esperar a que haya presupuestos del Estado en 2020, que aún deberán ser aprobados, con una partida de siete millones de euros correspondiente a las cuentas de 2019 prorrogadas de las del año anterior, según aseguran fuentes ministeriales.

Para iniciar el expediente de contratación, el ministerio señaló que solo necesitaba recibir un informe de la Xunta que certifica la plena disponibilidad de los terrenos en los que se hará el dragado y la ausencia de actividad en el ámbito del proyecto, indican las mismas fuentes. La Consellería do Mar ya ha enviado la documentación a Transición Ecológica y solicita su "licitación inmediata" para comenzar "lo antes posible" los trabajos de regeneración.

El coste previsto del dragado del estuario, de 48 millones de euros, será asumido en un 80% por la Unión Europea, como adelantó este periódico hace un mes. El Estado confirmó poco después el visto bueno de la Comisión Europea a esta financiación y añadió que la inversión estatal se haría con cargo a los presupuestos de 2020 para poder contar con los fondos comunitarios y consignar la partida de la que se tiene que hacer cargo Transición Ecológica.

Esta semana el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, informaron sobre la preparación de los pliegos de la licitación, que las fuentes del ministerio apuntan que se hará con una partida de siete millones de las cuentas prorrogadas del año pasado.

Una vez recibido el informe de la Xunta sobre el estado de los terrenos de la ría en los que se ejecutará el saneamiento que le había requerido, Transición Ecológica pedirá autorización a Hacienda para proceder a licitar.

La Consellería do Mar remitió la documentación un día después de ser pedida, aunque ayer a través de una nota informativa señala que el Estado ya es conocedor tanto de las afecciones en esos terrenos de dominio público marítimo-terrestre, al tener en ellos competencias sobre autorizaciones y concesiones, como de las incidencias del dragado en la actividad pesquera y marisquera. La Xunta cuestiona que en la petición del informe hecha por el ministerio no se incluyese el proyecto definitivo de la actuación para poder "analizar de forma minuciosa" su alcance.

La licitación del proyecto de dragado en O Burgo supone el impulso a un proceso de saneamiento que ha avanzado a trompicones desde hace más de seis años, cuando una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó la ría coruñesa a petición de la Cofradía de Pescadores y de la Plataforma en Defensa da Ría, con la intermediación de la eurodiputada del BNG Ana Miranda. Allí la delegación comprobó el mal estado del estuario, del que sus usuarios reclamaban una urgente intervención. Los trámites iniciados se paralizaron en septiembre de 2017, con la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental, cuya vigencia de cinco años ya ha consumido la mitad.

Otro paso importante en el proceso se dio en septiembre de 2019, al cambiar Bruselas los criterios para elegir qué actuaciones se podrán cofinanciar con cargo a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional e incluir la limpieza de la ría, como había solicitado meses antes el secretario de Estado de Medio Ambiente.