El clima electoral que vive la política municipal coruñesa se incrementó ayer un grado más con la solicitud que presentó el Partido Popular de un pleno extraordinario para debatir sobre las inversiones y los compromisos del Estado con la ciudad que están pendientes de cumplir. Los populares tienen ediles suficientes para forzar el pleno, según la normativa, por lo que el Gobierno local tiene de plazo hasta el 31 de marzo para que esa sesión se celebre, ya que es cuando se cumple el plazo de quince días hábiles establecido. Si al llegar esa fecha no se hubiera llevado a cabo, el pleno será convocado de forma automática para diez días hábiles después. La Semana Santa quedaría dentro de ese periodo, lo que pospondría la sesión hasta mediados de abril.
Los concejales del PP Roberto Rodríguez y Martín Fernández Prado calificaron ayer de "discriminatorio" para A Coruña y Galicia el proyecto de Presupuestos del Estado que presentó el Gobierno socialista, rechazado en el Congreso. Entre las inversiones que excluía mencionaron la conexión ferroviaria del puerto exterior, Alfonso Molina, el vial 18 o la remodelación del puente de A Pasaxe. También destacaron que se rechazó la condonación de la deuda del Puerto y que la alcaldesa no se reunió con ningún ministro.
