El litigio entre el Concello y la Compañía de Tranvías por la fecha de extinción de la concesión del transporte público llega a una fase de mayor claridad con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El fallo respalda el criterio de la concesionaria, por lo que el contrato se extinguiría en diciembre de 2024 y no lo habría hecho ya en el mismo mes de 2016, como interpretaba el Concello en el mandato de Marea Atlántica. "Esto es un espaldarazo a las condiciones en que se pactó el contrato", manifestó ayer Ignacio Prada, director de Tranvías. Marea, en un comunicado, lamentó la "interpretación más restrictiva de la norma" hecha por el tribunal por amparar un contrato "otorgado a dedo", y recalcó que el anterior Gobierno "actúo con garantías y para conseguir el bien común".
El tribunal europeo da la razón a Tranvías, de manera que despeja las dudas que tenía el titular del juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña que instruye la causa, quien a partir de ahora dictará el fallo que resuelva el litigio. A finales de 2018 el juez había remitido el caso al órgano comunitario para que aclarase mediante una decisión prejudicial si la concesión ya había finalizado, según argumentaba el Concello apoyado en un reglamento europeo de 2007 sobre servicios públicos de transporte de viajeros por carretera, o si lo haría en 2024, como figuraba en el convenio aprobado por unanimidad en el pleno de diciembre de 1986. Aquel acuerdo se produjo en el mandato de Francisco Vázquez, en el que se dio luz verde a la adjudicación directa del servicio del transporte público sin que hubiera concurso.
Dado que tal reglamento, que entró en vigor en 2009, establecía que los contratos adjudicados antes del 26 de julio de 2000 "sin un procedimiento licitador equitativo" podrían continuar hasta su expiración pero no por un período superior a 30 años, la duda principal del juez era la de determinar a partir de qué año se iniciaba el cómputo de ese período, aspecto que no quedaba claro. Tras analizar el caso, el TJUE concluye que el plazo máximo de 30 años establecido en una de las disposiciones del reglamento para este tipo de contratos "comienza a correr en la fecha de entrada en vigor de dicho reglamento"; por tanto 2009 y no 1986, como argumentaba el Concello en el mandato anterior.
El Ejecutivo de Marea había dado por extinguido el contrato del Gobierno de Vázquez en diciembre de 2016, aunque otorgó una prórroga de dos años a Tranvías para garantizar la continuidad del servicio en las condiciones adecuadas. En este periodo la concesionaria promovió una causa judicial por la fecha de finalización del contrato y tras alegar que la situación aplicada por Marea supondría "consecuencias jurídicas y económicas indebidas", planteó la reclamación de una compensación al Concello.
"Ahora esperamos recuperar la normalidad del servicio", manifestó ayer Prada en una rueda de prensa virtual tras conocer el fallo. El abogado general de este tribunal había avalado a comienzos de 2019 que Tranvías gestionase el bus hasta 2024, al apoyarse en dos casos similares al coruñés referidos a empresas de transportes de las regiones de Toscana y París cuyas concesiones consideraba que podrían terminar en 2039 si sus contratos se lo permitieran.
"Hubierámos querido no tener que ir a los juzgados, pero nos vimos abocados por la situación a la que nos llevaron. En todo este tiempo la empresa ha estado en una situación de inseguridad jurídica por una prórroga que se alargó tres años y medio, que se fue ampliando de manera indefinida, y que podría cancelarse en cualquier momento con unos pliegos o un proceso de licitación", añadió Prada, que evitó solicitar indemnizaciones por esta causa pero no lo descartó por el otro litigio que mantiene con el Concello por la bajada de las tarifas. Marea lamentó la oportunidad perdida, con la sentencia del TJUE, de sustituir el contrato del bus "por otro con más garantías y mejores condiciones para el Concello y los vecinos".
Próxima licitación
El actual Gobierno local reaccionó con cautela, a expensas del fallo del juzgado coruñés sobre la continuidad del servicio. "Estudiaremos el fallo con nuestros servicios jurídicos y en todo caso estaremos atentos a lo que finalmente sentencie el juzgado, para darle efectivo cumplimiento y poder preparar con mayor seguridad jurídica el nuevo pliego de licitación del servicio durante este mandato", señaló el edil socialista de Movilidad, Juan Díaz Villoslada.
