Las medidas de protección frente al coronavirus adoptadas en los juzgados coruñeses están permitiendo que exista una "situación de normalidad", según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aunque los representantes sindicales de los funcionarios denuncian la carencia de equipos para evitar los contagios y que deben permanecer en sus puestos de trabajo pese a que la actividad judicial se ha reducido en un 95%.

Fuentes del Tribunal Superior señalan que las personas detenidas llegan al juzgado con mascarilla para prestar declaración y que tan solo hay tres o cuatro actuaciones diarias de este tipo. Los apresados por vulnerar el confinamiento son además puestos en libertad al no considerarse una causa urgente, por lo que solo se realiza el atestado y el resto de las diligencias se aplaza.

El fiscal que presta servicio en el Juzgado de Guardia lo hace de forma telemática, pero el del Juzgado de Violencia contra la Mujer está de forma presencial y las declaraciones, que normalmente se hacían en el despacho de la jueza, se trasladan a la sala de vistas porque ese recinto es pequeño y además se graban para que haya el menor número posible de personas. A esto hay que unir que algunas de las comparecencias que antes eran en persona ahora se efectúan mediante videoconferencias, aunque está previsto que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie sobre su viabilidad.

El órgano de gobierno de los jueces aprobó precisamente el viernes la guía de actuación ante la posible aparición de positivos por coronavirus entre el personal judicial o en quienes hubieran acudido a los juzgados, en la que se detalla que deberá ser informada a los superiores orgánicos y a los trabajadores más próximos, mientras que cada uno de los cuerpos profesionales de la Justicia se lo comunicarán a su personal, junto con las recomendaciones sanitarias al respecto.

También será necesario detallar qué personas han estado en contacto con el infectado, así como limpiar el centro de trabajo en el que prestara servicio.

La Xunta anunció por su parte que, tras reafirmarse el Ministerio de Justicia en la apertura de los juzgados durante el estado de alarma, buscará "distintas fórmulas de flexibilidad" para que el personal funcionario atienda de modo presencial los servicios mínimos decretados y que al mismo tiempo se garantice la seguridad de los trabajadores.

Otra de las iniciativas adoptadas es que los médicos forenses quedarán a disposición de las autoridades sanitarias de acuerdo con las necesidades del servicio, que en Galicia desarrolla el Instituto Galego de Medicina Legal (Imelga).

Reino de taifas

"Es un reino de taifas, cada juzgado es un mundo y ha tomado sus propias medidas de autoprotección", explica Sergio Riveiro, delegado sindical de UGT en el sector de Justicia, quien admite que se está utilizando la videoconferencia y que se vigila que haya distancia entre las personas en las actuaciones judiciales, pero que asegura que los equipos de protección individual "brillan por su ausencia" y que "cada uno se lleva sus propias cosas para trabajar". Riveiro destaca que al inicio de la crisis en la puerta del edificio de los juzgados se instalaron aparatos de gel mediados y que como no se hacen pruebas al personal no hay positivos ni juzgados cerrados, "a pesar de que hubo gente con síntomas".

El representante de UGT advierte además que el teletrabajo "solo es para jueces, letrados y fiscales porque no se puede implantar de un día para otro', por lo que el resto de trabajadores de los juzgados permanecen en sus puestos a pesar de que la actividad es mínima. La "improvisación" que a su juicio se produjo en los primeros días llevó a la toma de medidas como la colocación de barreras artesanales, carteles de advertencia para impedir la entrada en dependencias e incluso avisos al personal mediante una regla con la que debía golpearse una caja delante de una ventanilla.

"Ahora la Xunta se toma las cosas más en serio porque presionamos, pero la solución sería cerrar todos los juzgados menos el de guardia y dotarle de medidas de protección", estima Riveiro. Al estar suspendidas la inmensa mayoría de las actuaciones judiciales, considera posible reducir la presencia de la mayor parte de los funcionarios.