El Ayuntamiento de A Coruña tendrá que destinar el remanente de tesorería de 2019, es decir, la cantidad no gastada de lo que preveía invertir el ejercicio pasado, a sentencias judiciales pendientes de pago. Este gasto es una obligación legal de la que el concejal de Facenda, José Manuel Lage, ha informado hoy a la Corporación municipal en la junta de portavoces, por lo que los 14,5 millones de euros de remanente que refleja la liquidación de 2019 se destinarán a abonar las sentencias firmes y las facturas sin pagar de los ejercicios anteriores.

La obligación de dedicar esta cantidad a este fin impide, por tanto, la inversión en otros conceptos, como por ejemplo las ayudas o compensaciones que el Concello pudiera tramitar para los colectivos vulnerables y sectores de la ciudad perjudicados por la pandemia del coronavirus desde que comenzó el estado de alarma hace un mes. La alcaldesa, Inés Rey, avanza no obstante que el Gobierno local está estudiando una serie de medidas para hacer frente a los efectos socioeconómicos derivados de la crisis sanitaria. La regidora asegura que la Comisión de Facenda estudiará la reorientación del presupuesto municipal y destaca la buena disposición de todos los grupos de la Corporación para llegar a un “mínimo denominador común de propuestas".

Entre los pagos derivados de sentencias que el Ayuntamiento aún no ha abonado está el que corresponde cumplir para compensar a los expropiados en el castro de Elviña por el Gobierno municipal socialista entre 2001 y 2005. El Ejecutivo preveía en noviembre pasado destinar 6,1 millones del superávit de 2018 a estas indemnizaciones, como aprobó en una Junta de Gobierno Local extraordinaria, pero el Ministerio de Hacienda prohibió esta maniobra, al obligar a abonar con esa cantidad deudas con los bancos y reservar el superávit de 2019 a cumplir con las sentencias de Elviña.