Al igual que en el resto de España, las residencias de mayores de Galicia se han convertido en uno de los principales focos de contagio del coronavirus. Según los últimos datos facilitados por el Sergas, de los 6.147 contagiados, 1.436 (el 23,3%) están vinculados con las residencias (1.012 usuarios y 424 profesionales). A día de hoy, la Xunta cifra en 430 los fallecidos en Galicia con Covid-19, 184 de ellos, el 42,7% internos o procedentes de las residencias.

La propagación del virus en las residencias de mayores, el colectivo más frágil y vulnerable, se ha convertido en una de las principales preocupaciones en Galicia, aunque la Xunta, que anuncia un refuerzo en la inspección de estos centros, recalca que los contagiados son un porcentaje bajo del total de residentes, del 4,1%. En el área sanitaria de A Coruña, según datos oficiales, han fallecido 97 personas en hospitales (17 de ellos procedentes de residencias de la tercera edad) y 16 en centros geriátricos. Es decir, 33 de los113 fallecidos en el área sanitaria coruñesa, el 29,2%, eran usuarios de residencias de la tercera edad.

Los datos disponibles no permiten conocer el impacto desde el estallido de la pandemia , pero dibujan un escenario. La situación es especialmente grave en el entorno de la ciudad, donde se ubican las grandes residencias y donde se concentra más población. Los test destapan a diario nuevos casos. Las residencias más afectadas son urbanas de gestión privada, como O Portazgo (con 7 fallecidos, y 62 contagiados, 16 de ellos trabajadores); Concepción Arenal-DomusVi (52 contagiados, 14 de ellos trabajadores); Matogrande-DomusVi (con tres muertos y 55 contagiados, 14 de ellos trabajadores); Remanso-Claudina Somoza (tres fallecidos y 74 contagios, 23 de ellos de trabajadores) o Santa Teresa de Jornet (un fallecido, 70 contagios, 15 de trabajadoras). También se han visto afectadas Bellolar y Caser Zapateira, con un fallecido cada una (Bellolar tiene 10 contagios). En la comarca coruñesa hay 245 internos en residencias de mayores infectados y 24 hospitalizados.

Las más afectadas son, en su mayoría, residencias de iniciativa privada con ánimo de lucro, salvo, Santa Teresa de Jornet y Remanso, de iniciativa social, y Concepción Arenal (pública gestionada por DomusVi). El incremento de positivos ha obligado al Sergas a "medicalizar" algunas para que "no falte el mínimo tratamiento", según explica a este diario Fernando Lamelo, coordinador del equipo Covid-residencias del Hospital de A Coruña. En concreto, se ha desplazado personal del Sergas a O Portazgo, Concepción Arenal-DomusVi, Remanso Claudina Somoza y Santa Teresa de Jornet.

No en todas las residencias privadas del entorno coruñés ha irrumpido el coronavirus. Sanitas Residencial, Asden, Orpea, Adcor o La Milagrosa (esas dos últimas de iniciativa social) permanecen inmunes. En otras, el impacto es más leve: DomusVi en Oleiros tiene dos contagiados (un usuario y un profesional), igual que Ballesol y Padre Rubinos, con dos residentes positivos. En municipios más alejados de la urbe, en su mayoría en enclaves rurales, apenas ha habido incidencias, salvo cuatro contagios en Avós Felices, de A Laracha. Según los datos oficiales, las residencias públicas Torrente Ballester, Oleiros y Arteixo no han registrado casos.

Es pronto para extraer conclusiones. En plena crisis sanitaria y en un escenario tan cambiante, este diario ha querido pulsar la opinión de responsables políticos, gestores de residencias, trabajadores, familiares y gerontólogos... Este análisis se centra en A Coruña, su área de influencia y la comarca de Betanzos, donde conviven varios modelos de atención a la tercera edad. Hay cuarenta centros entre macrorresidencias, residencias, viviendas comunitarias y los denominados hogares residenciales. En total, 3.065 plazas para mayores. De ellas, 606, el 19,7%, están gestionadas directamente por la Administración; 847, el 27,6%, por fundaciones o sociedades de iniciativa social y el resto, 1.612, el 52,2%, por empresas con ánimo de lucro. Cuatro de las residencias están gestionadas por el grupo DomusVi y otras dos de las de mayor tamaño por los grupos Caser, Ballesor, Orpea y Sanitas.

En esta ronda por el sector han participado once responsables de residencias de A Coruña y comarca. Grupos como DomusVi o Sanitas solo han accedido a responder a un formulario. Este diario intentó sin éxito recabar la opinión de los responsables de O Portazgo, Ballesol, Santa Teresa de Jornet y Remanso. Los centros públicos han derivado cualquier pregunta al gabinete autonómico.

Hay dos reflexiones ampliamente compartidas. Una, el reconocimiento unánime a los trabajadores que están en primera línea, que doblan turnos y arriesgan su salud para cuidar a los mayores. Y otra, que esta crisis debe ser la piedra de toque para una reformulación del modelo asistencial.

Casi todos comparten la necesidad de repensar el modelo de cuidados, pero no coinciden hacia dónde debe dirigirse. Para los familiares adheridos a la Federación Galega de Familiares nas Residencias (Rede), colectivos como Traballadoras das Residencias de Galicia la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) esta crisis ha dejado al descubierto las carencias del sector privado, especialmente de los conglomerados empresariales que dominan gran parte del sector. Dirigen especialmente sus dardos contra DomusVi, el grupo que gestiona parte de las residencias que se han visto más afectadas por esta emergencia sanitaria.

"Soledad", "desamparo", "precariedad" y "abandono". Sonia Jalda, de Traballadoras de Residencias de Galicia (Trega), resume con estas palabras la situación en las residencias geriátricas privadas, especialmente, dice, las de DomusVi. "No es nada nuevo, llevamos años alertando de esto", afirma esta trabajadora, que denuncia incumplimientos de ratio y falta de medios de protección.

Una trabajadora de la residencia Concepción Arenal lo refrenda: "Faltan medios, el personal no llega a nada, sin contar con las bajas... La gente está sobrecargadísima. El Sergas ha enviado apoyos, pero los trabajadores de limpieza y auxiliares mantenemos la carga de trabajo. La falta de personal hace que los protocolos no se sigan y los equipos de protección individual hay que estirarlos como si fuesen infinitos", relata Rosa Tenjido, presidenta del comité por la Confederación Intersindical Galega (CIG).

María José Calvo, enfermera y secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT ahonda en la misma línea: "Esto tiene que marcar un punto y aparte. Las residencias privadas deben estar igual de dotadas que las públicas. Mismos ratios, mismos equipos sanitarios, mismos convenios laborales", incide.

Trabajadoras en residencias públicas creen también que esta crisis ha hecho aflorar las carencias de parte del sector privado. "Ahora se ve lo que hay. Todas las residencias de mayores deberían ser de gestión pública para dar un mismo servicio. Hay plazas concertadas que no cumplen los requisitos", apunta la secretaria del comité provincial de empresa de Política Social, Mar Peteira.

"Las que están trabajando más o menos bien son las públicas, a pesar de los recortes ", corrobora Montse Casal, delegada del CSIF y trabajadora en la residencia de Oleiros. " Esto ha demostrado que la profesionalización y la medicalización de los cuidados es fundamental", incide esta profesional, que critica la falta de personal de atención directa en las privadas, como "camareras o limpiadoras, que son un pilar fundamental".

La situación en algunas residencias ha llevado a la Federación Galega de Familiares nas Residencias a interponer una denuncia. "Tardaron mucho en tomar medidas y en dotar de EPIS a los trabajadores", apunta su delegado en la provincia, Javier Quián, que cree que "la gestión privada en algunos casos ha servido para enriquecer a fondos buitre". Admite que la suerte pudo haber jugado en contra de algunos centros, pero denuncia que en la mayoría faltaron medios y personal.

La Asociación Gallega de Residencias de Tercera Edad y sanitarios del Sergas encargados de coordinar los equipos de apoyo ven las críticas injustas e infundadas. "Que una residencia tenga más positivos, no significa que trabaje peor. Yo no he visto ningún enfermo abandonado ni mal cuidado", apunta el coordinador del equipo, Covid-residencias del Chuac, Fernando Lamelo, que apela a las dificultades de controlar un virus desconocido. Este profesional defiende que la situación a día de hoy está "controlada", que "hay que ver las cifras en su contexto" y tener en cuenta las patologías previas ya graves algunos de los fallecidos.

El director xeral de Maiores, Ildefonso de la Campa, apela a la dificultad de gestionar unos centros que acogen a los más vulnerables y de detectar a tiempo los casos por el elevado número de asintomáticos: "El personal lo está dando todo, hasta su propia salud y pelea cada una de las vidas", apunta.

Para la Asociación Gallega de Residencias de Tercera Edad si algo falló inicialmente fue la respuesta de Sanidade. "Los centros no estaban preparados para esto, no son hospitales, muchos no

tenían espacios suficientes de aislamiento. Se tardó mucho en actuar, los centros estuvieron muy abandonados porque hubo miedo a sobresaturar los hospitales", defiende José Manuel Pazos, que valora la decisión del Sergas de habilitar residencias intermedias, medicalizar alguna o derivar casos a aquellas que puedan hacer aislamiento.

En respuesta escrita a este diario, el grupo DomusVi, defiende que puso en marcha "todos los medios y recursos humanos a su alcance" para proteger a sus internos. "Los equipos de las residencias se están dejando la piel", defiende la empresa, que recuerda que no es un hospital: "No disponemos del material ni del personal sanitario preciso para curar a las personas contagiadas". La empresa asegura que desde finales de febrero reforzaron las medidas de higiene y protección y que en marzo cerraron las zonas comunes y sectorizaron las residencias para intentar

evitar los contagios.

Trabajadores o familiares de internos en otras residencias con algún positivo o incluso fallecidos han salido en su defensa. Como Manuel Cotos, que perdió hace una semana a su madre por una pulmonía que se complicó en la residencia Remanso, que suma tres fallecidos y 51 internos contagiados. "Esto nos cogió a todos con el pie cambiado, no es fácil estar en primera línea. Siguieron los protocolos que les marcaron, la directora lleva varios días confinada y no tengo nada que indique que no hicieron todo lo posible", apunta.

Montse Pena, delegada del comité de empresa de Padre Rubinos por Comisiones Obreras (CCOO), dice sentirse "afortunada y orgullosa" porque en su residencia, con dos positivos en aislamiento y unos 70 test negativos, "el cuidado al mayor sí es lo más importante". Destaca que en Padre Rubinos se tomaron medidas antes de la declaración del estado de alarma para evitar contagios, como suspender visitas, encargar material de protección, reforzar la desinfección o confinamientos.

Los centros que permanecen inmunes al Covid cruzan los dedos a la espera de los test. "Aquí no tenemos ningún caso o estamos todos asintomáticos. Vivimos con miedo, es como un fantasma, entra y no te enteras", resume una de las responsables la Residencia García Hermanos, de Betanzos. Ella, igual que los gerentes de las residencias Sanitas, La Milagrosa, Adcor o las pequeñas en enclaves rurales de la comarca como la de Bribes, El Pilar, La Luz, Asden, Fonte do Santo y Santa María de Ois, afrontan esta situación con "mucha tensión" y "estrés".

Saben que si el virus entra, será una cadena. Es una situación extremadamente compleja, recalcan. "Se habla con mucha ligereza", apunta José Matamoros, gerente de la de Bribes. Todos dicen que han hecho lo imposible por convertir sus residencias en fortalezas antiCovid ya antes del estado de alarma. Suspender visitas, limitar al máximo las entradas de personal ajeno, evitar jornadas partidas, confinamientos, aprovisionarse por sus propios medios de material de protección y un rígido protocolo de desinfección son algunas de las medidas que, dicen, han contribuido a frenar la entrada del virus.

En García Hermanos o Santa María de Ois destacan el contacto permanente con la Administración. Centros como La Milagrosa, de iniciativa social, consideran que esta debería facilitar más material y agilizar las pruebas del personal de baja de residencias para certificar que es negativo y que se puede reincorporar. "Una trabajadora espera desde hace 15 días", apunta José Carlos Millán, director de este centro de la Asociación Provincial de Pensionistas.

La mayoría cree que esta crisis sanitaria obliga a replantear el sector. "Debe especializarse y no ser un depósito de mayores. Hay que poner freno a las empresas con ánimo de lucro, evitar monopolios. Las residencias deberían catalogarse como los hoteles: cinco estrellas las que tengan todos los profesionales y servicios y una las que cumplan los mínimos", opina José Carlos Millán, que es a su vez catedrático de geriatría en la UDC. Él apuesta por un modelo sociosanitario. Coincide con Marga Garrido, gerente de la Residencia Adcor: "Esto ha demostrado que el sector tiene carencias. Por ley no tendríamos que tener médico, pero entendemos que hay que tenerlo", apunta esta profesional, que ve imprescindible garantizar ratios adecuados de atención".

La necesidad de "acercar" las residencias de mayores al mundo sanitario la comparte Fernando Lamelo, coordinador del equipo Covid-Residencias del Chuac. Este especialista pone el acento en mejorar la coordinación y apunta a cuestiones básicas, como conectar el sistema informático al Sergas: "Debemos aprender de esto para estar más preparados. Hacen falta más medios sanitarios".

Grupos como DomusVi han evitado pronunciarse sobre la necesidad de replantearse el modelo, pequeñas residencias apuestan por centros "controlables", más similares a hogares, y otras de iniciativa social, como Padre Rubinos apunta a la importancia de que "estén dotadas de espacios adecuados", como recalca su presidente, Eduardo Aceña.

La Asociación Gallega de Residencias cree que no hacen falta "grandes cambios". "Tenemos una red muy buena", apunta José Manuel Pazos, que sostiene que las residencias no "necesitan médicos las 24 horas". La Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social (Acolle) sostiene que debería avanzarse hacia "un modelo más pensado en las personas, en su dignidad y con más participación de los mayores", apunta Lorena Martínez, que ve preciso más coordinación con el mundo sanitario.

El Gobierno gallego admite que hay que repensar el modelo. "Esto marca un antes y un después para la atención. El conjunto de la sociedad tiene que pensar cómo vamos a convivir con nuestros mayores", apunta Ildenfonso de la Campa, que no se inclina por ningún modelo.

"Conforme se vayan despejando las incógnitas científicas, se determinará cuál da mejores respuestas, los hay positivos en todas las categorías", apunta el director xeral de Maiores, que defiende un "uso eficiente de los recursos" y rechaza "medicalizar todas las residencias".

Diferencias aparte, la gran mayoría comparte un deseo: "A ver si aprendemos algo de todo esto, lo dudo porque tenemos una memoria un frágil, pero algo se nos debería quedar", resume Guillermo Cortés, de Fonte do Santo.