La Comisión de Patrimonio, Patrimonio y Equipamento de la Diputación debatirá mañana un convenio con el Ayuntamiento de A Coruña por el que el Concello, con el organismo provincial como intermediario, pagará un máximo de 623.317 euros (IVA incluido) a la empresa pública Tragsa a cambio de que esta realice un plan de refuerzo de limpieza en la ciudad, en la línea del plan de choque anunciado por el grupo socialista durante la campaña electoral del año pasado que les entregó la Alcaldía. Este mecanismo, que nunca había sido usado por la Diputación coruñesa para emplear a Tragsa, permite agilizar los plazos al evitar sacar los trabajos a contratación, pero suscita dudas sobre su legalidad al interventor y secretario general del organismo provincial, cuyo Pleno todavía debería aprobar el acuerdo.
La memoria justificativa del convenio, redactada por el Ayuntamiento y fechada el pasado 17 de enero, cuando el nuevo servicio de limpieza no estaba adjudicado y la anulación del de recogida de residuos urbanos no se había resuelto, señala la necesidad de afrontar intervenciones medioambientales e higiénicas urgentes y extraordinarias, que, en ese momento, se planteaba que se ejecutasen antes de que empezasen a operar las nuevas adjudicatarias.
Entre los problemas a acometer en la actuación, que duraría entre 50 días y cuatro meses, se encuentran la acumulación de residuos que contaminan el suelo, la proliferación de roedores, la necesidad de realizar un inventario para eliminar focos de insalubridad y la presencia de verdín y de malas hierbas, así como de pintadas y carteles.
El capital de Tragsa pertenece a varias entidades públicas y administraciones. La Diputación tiene una acción, y esto le permite utilizar la empresa como medio propio personificado. Esto quiere decir que la Diputación (y no el Concello directamente) puede realizarle encargos sin que le sean de aplicación las normas que regulan la contratación en el sector público.
La colaboración de la Diputación se justifica, según el convenio, en que la A Coruña es la capital de la provincia y sede de instituciones, por lo que las actuaciones de salubridad tiene "proyección supramunicipal". En la memoria justificativa, el Concello aduce que se acude a esta herramienta para evitar el proceso de contratación pública y ganar "celeridad" debido a su urgencia.
El importe, señala la memoria justificativa, supondría que sería un contrato de regulación armonizada (sometido a las Directivas Europeas de contratación pública), con lo que sería necesario darle publicidad y podría elevarse un recurso contra él. Incluso aunque fuese por la vía de urgencia, "tendría plazos dilatados". También se evitan los posibles problemas de sacar a licitación un contrato con características parecidas al ya existente.
Los informes de la secretaría general y del interventor de la Diputación introducen dudas acerca de esta fórmula legal para contratar las actuaciones. Este diario contactó ayer con la Diputación y el Ayuntamiento para preguntarles cómo abordarán estas advertencias, sin respuesta.
El secretario señala explícitamente que no concuerda con el conjunto de la propuesta y apunta que las actividades de Tragsa se circunscriben al mundo rural y a actuaciones medioambientales y que los casos en los que se invoque la urgencia para realizar encargos a la empresa son solo "licitaciones desiertas y resolución contractual por incumplimiento del contratista". No encaja en el caso coruñés.
Sobre si unos trabajos como estos pueden evitar salir a concurso público por este procedimiento, el secretario señala que hay interpretaciones contradictorias. Añade que, para emplear a Tragsa como medio propio, la Diputación debería incorporarla a su organización.
El interventor introduce algunas dudas sobre si este tipo de convenio se adecuaría a lo previsto por la normativa, dado que la Diputación no es parte en el acuerdo y su labor es de "estricta y mínima mediación" entre el Concello y Tragsa. Añade que la Diputación no puede influir sobre las tarifas de Tragsa, ni conoce "los medios personales y materiales" con los que cuenta, y pide que se elabore un protocolo de actuación que determine cuándo emplear a Tragsa a través del organismo provincial: por ejemplo, para establecer a qué tipo de actuaciones se debe aplicar, cómo deben los ayuntamientos acreditar que este procedimiento es el más pertinente, y cuál sería el órgano competente para aprobar el convenio.
También denuncia la "falta de acreditación" de la urgencia que serviría de justificación para evitar el procedimiento de contratación, ya que las labores encargadas "son las propias de los servicios de limpieza viaria, o, en su caso, salubridad pública" y "actuaciones de carácter ordinario". El interventor cuestiona el carácter medioambiental que el convenio atribuye, junto con el de ornato y salubridad pública, a la actuación, y, finalmente, considera que no está documentado que recurrir a Tragsa sea más eficiente económicamente que licitar los contratos.
