El comité de empresa de Cepsa, la concesionaria del servicio de limpieza, afirma que el plan de refuerzo del servicio para el que el Concello planea contratar a la empresa pública Tragsa por hasta 623.000 euros utilizando a la Diputación como intermediaria incluye trabajos por los que "ya se está pagando a la actual contrata" aunque "no los está desarrollando". Fuentes municipales afirman que serán actuaciones a mayores de lo que se exige a la concesionaria, defienden la legalidad del proceso, puesto en cuestión por la oposición y los servicios técnicos de la Diputación, y señalan que cuando se ejecute podría reducirse su alcance y coste, puesto que el convenio lo permite y la crisis del coronavirus ya ha adelantado actuaciones de limpieza y desinfección extraordinarias.
Entre los objetivos del plan estarían combatir la proliferación de residuos y roedores y la presencia de verdín y de malas hierbas, pintadas o carteles. Según el comité de Cespa, el Concello debería "obligar" a la compañía a ejecutar los trabajos en vez de "elevar el gasto público pagando a otra empresa". Los trabajadores denuncian falta de personal y "obsolescencia y deterioro" de la maquinaria.
El convenio entre la Diputación y el Concello para contratar a Tragsa, inédito hasta el momento en el organismo provincial, se debe a que ésta puede encargarle los trabajos tener que sacarlos a concurso, lo que permitirá darle celeridad a unas actuaciones que, según la solicitud de convenio presentada a la Diputación, son necesarias para "evitar o al menos minimizar riesgos medioambientales y para la salubridad pública". La propuesta entiende que las actuaciones son diferentes a las de las contratas existentes y que hay una "ausencia de contrato vigente" para prestaciones "relacionadas con actuaciones urgentes". En enero, cuando se pidió el convenio, el nuevo servicio de limpieza no estaba adjudicado y la anulación del de recogida de residuos urbanos no se había resuelto.
Estos argumentos son puestos en cuestión en dos informes del secretario general y el interventor de la Diputación, que introducen dudas sobre la legalidad del mecanismo. Por su parte, un informe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios señala que se acredita la urgencia de los trabajos, pero no que se puedan deslindar de las actuaciones ya contratadas por el Ayuntamiento, ni de que contratar a Tragsa sea más eficiente. El Concello admite que estos informes introducen dudas, pero afirma que "no son desfavorables" y argumenta que hay informes favorables de Contratación y Medio Ambiente que no ha facilitado a este diario.
Críticas de la oposición
La Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial y Equipamiento de la Diputación aprobó ayer el convenio con los votos a favor del PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, la oposición de Marea y PP y desempate con el voto de calidad del diputado nacionalista Xosé Lois Penas. El asunto todavía deberá aprobarse en pleno la próxima semana. El coste de la intervención, que recaerá íntegramente en el Ayuntamiento, se financiará con el descenso del coste del contrato de limpieza, según fuentes conocedoras del procedimiento.
Toda la oposición municipal coincidió ayer en cuestionar y pedir aclaraciones sobre la legalidad del mecanismo. El concejal de Marea Atlántica Alberto Lema, que también es diputado provincial, calificó el proyecto como una "irregularidad administrativa" y señaló que debería resolverse a través de un concurso público. Además, considera que las actuaciones se solapan con el contrato de limpieza viaria. Lema apuntó ayer que los informes técnicos de la Diputación recuerdan que las intervenciones de Tragsa están dirigidas al entorno rural, y que el dinero debería invertirse, en la actual crisis, en políticas sociales o ayudas para autónomos.
El PP califica este procedimiento de "fraude de ley" y no ve motivos "para saltarse el procedimiento de licitación pública con transparencia, libre concurrencia y seguridad jurídica". Considera que este plan de limpieza debería haberse realizado "el verano pasado" y no en la actualidad, con una nueva concesionaria que podría asumir las tareas. El grupo acusa al Gobierno local de ocultar el convenio ante una pregunta del grupo en una comisión de Medio Ambiente del pasado mes de marzo.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, también manifestó ayer que no se informó a los grupos municipales del procedimiento, expresó "reparos" sobre esta vía para evitar el concurso y prometió que pedirá "explicaciones" al Gobierno local por algo que considera "improvisación" para cumplir su promesa electoral del plan de choque de limpieza, aunque ni el grupo municipal ni el de la Diputación respondieron ayer a este diario sobre su disparidad de criterios. Cs comparte las dudas sobre el encaje jurídico del mecanismo, cuestiona si el servicio "ya está cubierto" y pide un informe del interventor municipal para aclarar la cuestión.
