La Corporación municipal llegó ayer al primer acuerdo para poner en marcha el plan de reactivación económica y social a consecuencia de la crisis del Covid-19, un programa de medidas que estarán determinadas por una modificación del presupuesto de este año para destinar recursos a favor de los sectores más dañados desde la declaración del estado de alarma. El acuerdo entre los grupos políticos se ajusta de momento a las líneas de actuación que comprenderá el plan, pero no a la cantidad que el Gobierno local prevé movilizar inicialmente para enfrentarse a la crisis sanitaria y a las principales necesidades provocadas por la pandemia, unos seis millones de euros. La oposición considera insuficiente este dinero y, a la espera de nuevas reuniones de los grupos en la Comisión de Facenda -la próxima la semana que viene-, demanda agilizar gestiones.

Los grupos reclaman más ambición al Ejecutivo para empezar a tomar medidas, además de concreción en los cambios que habrá que plantear para modificar el presupuesto de 2020, es decir, qué partidas quedarían anuladas o pospuestas y cuáles habría que incorporar. El edil de Facenda, José Manuel Lage, explica que los seis millones planteados de entrada "no son una cifra oficial" y responden a una revisión inicial de los departamentos municipales, por lo que tal cantidad podría incrementarse, ya que faltan áreas en las que analizar el estado actual de los proyectos recogidos en las cuentas de esta año.

Lage alude a una "reorientación realista" del presupuesto y señala que los técnicos municipales aún están estudiando qué tipo de medidas acordar para compensar a los sectores más castigados. Estos recursos, añade, no deben coincidir con los que decidan activar las demás administraciones. Espera que la modificación en las cuentas se pueda acordar definitivamente en mayo para llevarla a pleno.

El PP propone que a los seis millones previstos para la recuperación se le puedan añadir 750.000 euros del 20% del superávit para gasto social y 623.000 del plan de choque de limpieza que el Concello quiere contratar a través de la Diputación. Marea Atlántica pide la eliminación de "gasto superfluo" en partidas de publicidad o propaganda y reclama un informe a los servicios jurídicos para saber si parte de los 14,5 millones del superávit que se van a emplear en indemnizaciones urbanísticas, como las del castro de Elviña, pueden aplazarse y reservarse para afrontar la crisis. El BNG puso sobre la mesa la hipótesis de recurrir al endeudamiento si fuera preciso, al entender que la situación financiera del Concello "está muy saneada". Y Ciudadanos exige ayudas "urgentes" para los autónomos y pymes que han tenido que paralizar su actividad por el coronavirus.

En lo que han coincidido los grupos de la Corporación es en encauzar el plan de reactivación económica y social a través de tres "grandes líneas de actuación": inversión en obra pública, refuerzo de los programas de protección social y activación de los sectores más perjudicados por la pandemia, como el comercio, la hostelería, las pequeñas y medianas empresas y el sector cultural. Marea, a través de su viceportavoz Iago Martínez, matizó que "la obra pública no es el único modo de reactivación económica" e instó al Gobierno local, en sintonía con la edil de Cs, Mónica Martínez, a "avanzar medidas temporales" que puedan suponer un alivio a los autónomos perjudicados por el parón de su actividad mientras no se tramitan los mecanismos de ayuda de otras administraciones.

Tanto Marea como el PP lamentaron que en la reunión de ayer el concejal de Facenda no facilitase documentación económica como la liquidación de 2019, el estado de ejecución del presupuesto de 2020 -en vigor desde febrero- o la tramitación de ayudas y convenios con las entidades, lo que, en opinión de los populares, permitiría "tramitar cuanto antes un modificativo, con consenso de todos los grupos, para activar a la mayor brevedad las ayudas de reactivación tan necesarias para autónomos y pymes".

Lage insistió en la sesión en que el Concello tratará de evitar "solapamientos" entre las distintas líneas de ayudas que articulen las administración para los ayuntamientos. En este sentido, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera pidió al Gobierno local que sea "exigente" con la Xunta y el Estado para que "cumplan con sus obligaciones y el Concello pueda complementar, y no sustituir, sus actuaciones".