El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha dispuesto la extinción de los contratos de trabajo que vinculaban a la empresa concursada Isidro 1952 -antigua Isidro de la Cal- con 120 trabajadores, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La magistrada indica en la resolución que queda acreditada "la disminución persistente en el nivel de ingresos ordinarios o de ventas de la empresa". Además, destaca en su escrito que, en la memoria explicativa de las causas que motivan la solicitud de extinción de las relaciones laborales de la compañía, se expone cuál es la situación económica y financiera de la sociedad.

En ese documento también se puede comprobar, según el auto, que en el ejercicio 2018 las ventas de la empresa se redujeron un 12,37 % respecto al año anterior; y, en 2019, un 22,21 %.

La jueza recuerda que el supermercado Lidl, que era el principal cliente de la compañía, comunicó a finales de 2017 su intención de diversificar la red de proveedores, lo que supuso que se redujesen los pedidos en la pesquera. "El descenso del volumen de ventas y de la producción obliga a ajustar los recursos humanos a las necesidades productivas. Así se ha probado con el detalle de la reducción de producción de bandejas, que se ha acomodado a las modificaciones sufridas en la demanda de productos", destaca la magistrada en el auto.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña considera "acreditadas" las causas económicas y productivas que motivaron la medida colectiva acordada por la administración concursal, con la extinción de los contratos de trabajo de 120 trabajadores. "Además, no hay motivos para apreciar en este caso indicio alguno de dolo, fraude, coacción o abuso de derecho", destaca la magistrada.

Este es el primero de los dos Expedientes de Regulación de Empleo que tiene la empresa en el Juzgado de lo Mercantil. El otro afecta a unos 83 trabajadores. Los damnificados creen que ya no hay ninguna posibilidad de volver a su antiguo empleo tras la crisis sanitaria, ya que la empresa permanece cerrada y ya nadie habla de las antiguas propuestas de mantener la actividad a través de piscifactorías.

El camino de los trabajadores y de la empresa hasta este punto ha sido tortuoso. En enero de este año, la dirección de Isidro 1952 admitía que debía 27 millones de euros a los bancos, una cantidad a la que se sumaban los 23 millones de dinero público que la Xunta aseguraba que le adeudaba la pesquera (por avales sin ejecutar y préstamos participativos). Para cifrar la deuda total el administrador concursal tuvo que sumar también los salarios pendientes de pago y cantidades que la empresa debía a proveedores y otros acreedores. En total, 72,5 millones de euros. En febrero, el administrador concursal, el abogado coruñés Ramón Juega, se reunió en Barcelona con directivos de Lidl. La cadena de supermercados alemana era el gran cliente de la planta de sushi de Espíritu Santo (Cambre), que llegó a surtirla de 30.000 bandejas diarias. El acuerdo comercial se quebró el año pasado dando el golpe de gracia a las finanzas de la firma, entonces, los pedidos bajaron de forma drástica, hasta las 2.000 bandejas diarias que elaboraban los empleados de Isidro 1952 a principios de este año. La empresa no tenía entonces ningún otro cliente y cerró sus puertas.

El hecho de que los trabajadores no hayan cobrado sus nóminas desde el mes de noviembre y de que carezcan de las certificaciones para solicitar el paro, complica todavía más la situación de esta plantilla, que en enero aún pensaba que se podría retirar el ERE.