Las dudas legales expresadas por PP y Marea ayer en el pleno de la Diputación sobre el convenio que firmará el organismo provincial con el Concello coruñés para encargar a la empresa Tragsa un plan de choque de limpieza llevaron al presidente de la institución, Valentín González Formoso, a anunciar durante la sesión que pedirá al Tribunal de Cuentas que se pronuncie sobre ese acuerdo. La negativa de ambos grupos a respaldar esta iniciativa, que tendrá un coste máximo de 623.000 euros, hizo que fuera aprobada por un voto de diferencia, gracias a los apoyos recibidos de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños. En la sesión se aprobó además incrementar con 19 millones de euros el Plan de Obras y Servicios para que los ayuntamientos de la provincia cuenten con recursos para luchar contra las consecuencias socioeconómicas de la crisis del coronavirus.
El convenio sobre Tragsa fue el asunto que generó un mayor debate en el primer pleno que celebró la Diputación coruñesa en su historia por vía telemática, ya que el diputado de Marea Atlántica, Alberto Lema, solicitó su retirada del orden del día, aunque no recibió ningún respaldo a su petición. Lema criticó que se llevase este convenio a un pleno que en su opinión debería haberse dedicado casi en exclusiva a aprobar medidas para paliar la crisis causada por el coronavirus, por lo que lo calificó de cuestión "fuera de lugar y de tiempo".
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, negó que Tragsa solo opere en el medio rural, como argumentó Lema, y recordó que se le encargó la demolición del hospital de Lugo y la colocación de placas solares en el edificio de la Xunta en San Caetano, por lo que aseguró que el Gobierno provincial está "perfectamente convencido de lo que se hace". Añadió que se recurrió a esta empresa al existir una situación de urgencia y para evitar las habituales demoras en la contratación ordinaria, así como que la jurisprudencia aclara en qué casos puede recurrirse a Tragsa y que la memoria técnica del convenio lo justifica.
Formoso manifestó que no tendrá problema en remitir el convenio al Tribunal de Cuentas o a otro órgano para que revise su legalidad y defendió que existe un informe de la Abogacía del Estado que justifica el encargo a Tragsa pero reconoció que no se dio a conocer a la oposición. También aludió a un informe del secretario municipal, de carácter favorable al considerar que se ajusta a la legalidad vigente.
Lema acusó al PSOE coruñés de "trasladar a la Diputación la campaña electoral de mayo de 2019" y recordó las "dudas e incertidumbres" del secretario y el interventor provinciales sobre el convenio, entre las que mencionó la ausencia de la declaración de cooperación entre las partes firmantes del convenio y de un protocolo para regular la relación entre Tragsa y la Diputación, el "difícil encaje" de las acciones encomendadas en el objeto social de Tragsa, la falta de acreditación de la urgencia aducida para contratar a la empresa en lugar de seguir una contratación habitual, el "dudoso carácter ambiental de los trabajos" y la falta de motivación de la mayor eficiencia de Tragsa para realizarlos.
Para Lema, "solo la obstinación" del PSOE justifica el convenio, ya que si el Concello recurriera a otra fórmula de contratación habría una "duplicidad flagrante". El diputado de Marea tildó además de "complicidad" el apoyo del BNG a esta iniciativa pese al rechazo de su grupo municipal en A Coruña. El diputado del BNG Xosé Luis Penas consideró que la empresa realizará un "refuerzo" del actual contrato municipal de limpieza viaria y que su puesta en marcha es urgente según la argumentación de los técnicos. Penas destacó que el secretario de la Diputación no habla de ilegalidad ni de procedimientos incorrectos en su informe y que el encargo no supone una duplicidad con el contrato municipal, sino una "complementariedad".
Consultado por este periódico acerca del apoyo en el pleno al convenio por parte del BNG, el grupo municipal nacionalista en A Coruña no aprecia que exista una contradicción con su postura sobre este asunto, en el que reclamó al Gobierno local explicaciones y calificó de "improvisación" el encargo a Tragsa y lo relacionó con el "electoralismo" del PSOE al anunciar un plan de choque de limpieza durante la campaña de las municipales. El BNG local estima que es en el Concello donde expresará su posicionamiento sobre esta actuación, aunque inicialmente no deberá recibir el apoyo del pleno.
El PP expresó a través de su portavoz, Rosa Gallego, el rechazo de su grupo al convenio y aclaró que no es por razones políticas, al tiempo que puso de relieve que el BNG manifestó en el Concello su oposición a que se contrate a Tragsa. Ángel García Seoane, diputado de Alternativa dos Veciños, hizo gala de su habitual contundencia para tildar a Tragsa de "invento del PSOE" y acusar al PP de haber hecho un "uso desmesurado" de esta empresa, de la que dijo que "vale para todo". A pesar de afirmar que el Gobierno local de Marea sufrió un "acoso y derribo" en el anterior mandato municipal con acusaciones sobre la limpieza de la ciudad, justificó su apoyo al convenio por su creencia de que la ciudad precisa una intervención como la que se solicitará.
El pleno provincial aprobó por unanimidad el destino de 19 millones de euros procedentes del superávit y los remanentes de tesorería de la Diputación para que se añadan al Plan Único de este año con el fin de que los ayuntamientos puedan afrontar las consecuencias de la crisis del Covid-19 . Cuatro millones serán para financiar gastos sociales extraordinarios de los ayuntamientos, como adquisición de equipos de protección individual o el refuerzo de servicios de ayuda a domicilio para mayores, dependientes o personas con discapacidad". Los otros 15 millones podrán financiar gasto corriente o inversiones que dinamicen la economía y el empleo en los municipios, cuyos ayuntamientos decidirán a que se destinan estos fondos en función de sus prioridades, destacó ayer la Diputación.
