La Consellería de Sanidade y el Concello acordaron ayer las bases del convenio mediante el que se pondrá en marcha la ampliación del Hospital Universitario, entre las que figura que en esta iniciativa, con un coste estimado de 395 millones y para la que no existen plazos, "se procurará en todo momento compatibilizar la menor afección a las viviendas". La introducción de esta referencia trata de calmar los ánimos de los vecinos más próximos al complejo sanitario, quienes organizaron protestas en contra del proyecto seleccionado al calcular que será necesario expropiar medio centenar de viviendas para construir el nuevo centro, frente a la veintena que estima la Xunta, en especial por la ampliación de los viales que recorren la zona.
A pesar de que cuando en enero se hizo público el proyecto se proporcionaron imágenes del espacio que ocuparía el recinto y se facilitaron datos sobre el impacto que tendría, en un posterior acto divulgativo, el arquitecto del área sanitaria de A Coruña, José Manuel López Mihura, advirtió que no habrá un diseño definitivo hasta que se falle el concurso que convoque la administración autonómica.
La apuesta por ampliar el hospital en su actual emplazamiento en As Xubias de Arriba en lugar de por construir uno nuevo en la antigua fábrica de armas, la alternativa que se planteaba, implicará la duplicación de la superficie del centro existente hasta alcanzar los 86.000 metros cuadrados. De acuerdo con la información facilitada, sería necesaria la expropiación de 30.000 metros cuadrados.
La ampliación del Hospital de A Coruña fue anunciada por la Xunta en las semanas previas a la convocatoria de las elecciones autonómicas y, tras quedar aplazadas por la pandemia del coronavirus, vuelve al primer plano de la actualidad. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, detalló cuando presentó el proyecto que el número de camas del hospital pasaría de las 1.346 existentes ahora a 1.543, un dato trascendental durante la crisis sanitaria vigente, ya que el volumen de camas hospitalarias es uno de los factores mediante los que se decida el paso de cada territorio a una fase diferente del desconfinamiento.
El "principio de acuerdo" anunciado ayer por ambas partes incluye además que el gasto que deberá efectuar el Concello para expropiar los terrenos destinados a los nuevos accesos estará limitado, de forma que el convenio detallará la cantidad máxima que aportarán las arcas municipales y, si se produjera un incremento por posibles reclamaciones de los afectados, la diferencia sería costeada por la Xunta.
Las dos administraciones, cuyos representantes se reunieron ayer por vía telemática, acordaron también que el Concello pueda recibir ayudas de otras administraciones, como la Diputación o el Estado, para hacer frente a estas expropiaciones, ya que algunos de los viales que serán creados afectan a otros que son de su titularidad.
Los conselleiros de Sanidade e Infraestruturas, Jesús Vázquez Almuíña y Ethel Vázquez, respectivamente, pactaron también con la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, que el proyecto de ampliación se tramite como de incidencia supramunicipal, una fórmula que permitirá agilizar los plazos. El Gobierno gallego tenía previsto licitar antes de la crisis sanitaria las primeras obras, que en realidad pertenecían al antiguo plan director del hospital, y que ahora anuncia de nuevo que saldrán a concurso en breve.
El Concello se comprometió ayer a contestar cuanto antes a la propuesta de convenio planteada por la Xunta, que expresó su deseo de avanzar en la gestión del proyecto con vistas a la posible convocatoria de ayudas europeas para proyectos sanitarios, que le permitiría financiar esta costosa actuación.
