El cambio del presupuesto aprobado ayer por el Gobierno local para hacer frente al pago de las indemnizaciones a los vecinos de Castro de Elviña que fueron expropiados a un precio que elevaron los tribunales implicará la salida de las cuentas municipales de los 1,4 millones que Marea Atlántica incluyó en 2017 para la adquisición del complejo deportivo La Solana. En el expediente que tramita esta iniciativa, que deberá ser refrendada por el pleno la próxima semana, la Concejalía de Urbanismo explica que esa compra "no es una actuación preferente para esta concejalía en estos momentos, dada la actual situación de crisis".
El interventor municipal advierte de que la retirada de esa partida "supone la renuncia al destino del gasto que se aprobó anteriormente". El Gobierno local justificó ayer la retirada de esa partida por la previsión de que no se ejecute durante este año ante la existencia de las prioridades marcadas por la crisis derivada del coronavirus.
Fuentes municipales destacaron sin embargo que la supresión no supone una renuncia a que La Solana se incorpore al patrimonio del Concello y que no está decidida aún la fórmula mediante la que se efectuará, ya que podría ser tanto una adquisición como la que estaba prevista como una cesión gratuita de la Autoridad Portuaria o el fruto de una negociación entre ambas partes. También manifestaron estas fuentes la necesidad de pagar cuanto antes las indemnizaciones para evitar los elevados intereses que genera la demora en hacerlas efectivas.
Marea Atlántica interpretó sin embargo esta decisión como una "renuncia" a recuperar La Solana por parte del Gobierno local, que tuvo que hacer uso de los 1,4 millones al haber optado por abonar las indemnizaciones de una sola vez en lugar de recurrir a un plan de pagos que estableciese varios plazos y lo atribuyó a su "prisa por liquidar la herencia vazquista". El BNG, el otro grupo con el que el PSOE mantiene un acuerdo de gobernabilidad, destacó que todavía se desconoce si existen negociaciones con el Estado para la cesión gratuita de estos y otros terrenos de su titularidad, así como sobre la creación de un consorcio para gestionar los terrenos portuarios, aspectos que figuran en el pacto que firmó a principios de este mandato.
Tras agotar todos los recursos judiciales, el Concello se vio obligado el año pasado a compensar a los propietarios de terrenos en Castro de Elviña a los que se los compraron fincas en 1998 a un precio inferior al que después reconocieron los tribunales. De los 12,08 millones que deberán abonárseles, el Concello ya les entregó 450.000 en 2019 y debía aportar el resto durante este ejercicio.
La fórmula empleada ahora para obtener los 11,68 millones necesarios es emplear 3,7 millones del superávit del año pasado, 6,6 millones del remanente líquido de libre disposición y los 1,4 millones que también se consideran remanente pero que estaban ya destinados a la compra de La Solana. El remanente de 2019 alcanza los 14,5 millones, lo que permitiría afrontar el pago completo de las expropiaciones, pero en el expediente se señala que aún están pendientes de pago 1,6 millones por diferentes conceptos, a los que hay que sumar abonos que deben realizarse a la Compañía de Tranvías y a la antigua gestora de la planta de tratamiento de basuras.
Cuando en enero el pleno municipal aprobó por unanimidad el cambio del plan general para devolver a los terrenos de La Solana su condición de suelo de titularidad pública, el Gobierno local aseguró que no existía por su parte un "planteamiento expropiatorio", aunque en la propuesta de esa modificación urbanística figuraba como opción preferente para hacerse con ese complejo la expropiación.
Para el Ejecutivo municipal, el cambio del plan general estaba destinado a "garantizar la titularidad del equipamiento público como parque deportivo", a lo que añadió que la posible adquisición de La Solana "en todo caso se coordinará con el Puerto". Durante el Gobierno de Marea Atlántica, el grupo socialista apoyó esa iniciativa, con la que se efectuó una oferta de compra directa a la Autoridad Portuaria, que la rechazó. El PSOE también se posicionó a favor entonces, como Marea y el BNG, de la cesión gratuita del complejo deportivo, a lo que también se opone el Puerto.
La oferta por La Solana surgió por la decisión del Puerto en 2016 de sacar a subasta ese recinto y el hotel Finisterre para reducir la deuda que soporta por el coste de las obras de la dársena de punta Langosteira. La cantidad ofrecida coincide con la tasación que la propia Autoridad Portuaria incluyó en la puja, lo que animó al Concello a tratar de hacerse con la propiedad mediante una adjudicación directa.
Dado que las instalaciones están gestionadas por la empresa Metropolitan mediante un contrato de arrendamiento que concluirá en 2027, el Gobierno local se planteaba entonces que no podría utilizarlas hasta ese año con el fin de destinarlas a equipamiento deportivo público para esa zona de la ciudad. La negativa del Puerto a vender o ceder La Solana al Concello llevó al Ejecutivo de Marea Atlántica a revertir el cambio urbanístico que el Partido Popular realizó en 2013 para pasar ese suelo de titularidad pública a privada.
Esa decisión fue criticada con dureza por el presidente de la Autoridad Portuaria, quien estimó que pretendía conseguir la compra "a bajo precio" al tratar de "forzar" la aceptación de los 1,4 millones ofertados al convocar la subasta, operación que el propio Puerto descartó en 2018 al firmar un protocolo con la Xunta para venderle una parte de los muelles.
