Los viales que rodean los edificios del 18 al 36 de la avenida del Ejército, las viviendas de los trabajadores del antiguo Ministerio de Obras Públicas, podrán ser transitados dentro de poco por toda la ciudadanía y usados como zona de aparcamiento, posibilidad que ahora impide la barrera instalada en su acceso y que convierte a la zona en un estacionamiento privado. Una parte de ese suelo fue adquirido por el Concello en 1996 a la Administración General del Estado, aunque una parte de los residentes en esos edificios se resiste a facilitar el paso, mientras que otros 1.678 metros cuadrados, que constituyen la zona de acceso al resto, serán cedidos en breve al patrimonio municipal.

La Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada la solicitud de la cesión gratuita de ese terreno tras la propuesta que le hizo en ese sentido la Administración General del Estado el 26 de junio de 2019 a raíz de la propuesta de compra que le efectuó la comunidad de propietarios de los edificios situados en medio de esos viales. Posteriormente, el 18 de diciembre, esa misma administración informó al Concello de que para obtener esa superficie debía solicitarlo de forma expresa, como acaba de acordar ahora la Junta de Gobierno Local.

La primera reclamación municipal de esos terrenos se efectuó en 2014 por parte del Gobierno local del Partido Popular tras la denuncia formulada por una ciudadana. El Concello tiene conocimiento de un conflicto surgido en ese lugar por las consecuencias que tuvo para una persona la imposibilidad de entrada de una ambulancia, por lo que comprobó que ese suelo, 4.486 metros cuadrados, es de su propiedad tras haber sido adquirido en 1996 a la Oficina Liquidadora Central de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles, por lo que inició un expediente para su recuperación.

Pero el proceso se paralizó hasta noviembre de 2018, cuando el Gobierno local de Marea Atlántica comprobó que seguía sin permitirse el paso a los vehículos y que no existía un documento jurídico que avalase esa medida. El Concello dio un plazo de diez días a los propietarios de las viviendas para que presentar alegaciones antes de proceder a tomar posesión de los viales y anunció que si se demostraba que se había producido una "usurpación", se darían ocho días para la retirada de la barrera y se impondrían multas coercitivas si se producía una resistencia al desalojo.

En ese momento debió efectuarse la propuesta de compra a la Administración General del Estado, de los 1.678 metros cuadrados restantes por una parte de los residentes en los cinco edificios, quienes si consiguieran hacerse con ese suelo dejarían al Concello sin acceso a los terrenos de su propiedad, lo que en principio les permitiría seguir utilizándolos como aparcamiento de forma exclusiva.

Pero la oferta de cesión gratuita de esa parcela realizada por la administración central al Concello deja ahora a esos vecinos sin esa fórmula para intentar mantener el uso exclusivo de los viales como aparcamiento. La operación tendrá aún que formalizarse y el Concello deberá después reclamar de nuevo a los propietarios de las viviendas que retiren los obstáculos que impiden el paso a los viales.