El Concello advirtió ayer del funcionamiento de algunas terrazas, en las que desde el lunes los coruñeses pueden sentarse a consumir en grupos máximos de 10 personas. "La situación observada" en el primer día del relajamiento de la cuarentena, sin embargo, "no responde" en algunos bares al "espíritu de instrucción pública que presentó la semana pasada para garantizar el distanciamiento social y la salud en estos elementos de mobiliario". El Ayuntamiento recuerda a los hosteleros que "todas las medidas son en beneficio del sector", que declara haberse visto "desbordado" por la respuesta de los consumidores, y extiende el incumplimiento tanto a estos como a los propios locales. La Asociación Provincial de Hostelería censuró ayer la "irresponsabilidad" de algunos negocios, que, alertó, "nos ha perjudicado a todos". La Federación de Asociaciones de Vecinos exigió el cumplimiento de las normas, y apeló a la responsabilidad de clientes y hosteleros.
Entre las normas infringidas, se detectaron falta de desinfección en superficies y aseos, violación de la distancia mínima de seguridad de dos metros entre las mesas y aglomeraciones de clientes en el interior de los negocios. La situación provocó una reunión "de emergencia" el lunes, cerca de medianoche, entre la alcaldesa Inés Rey y representantes del sector. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería señala que las administraciones "han advertido que de seguir actuando con irresponsabilidad volverán a cerrar nuestros locales". "El comportamiento de ayer de algunos hosteleros nos ha perjudicado a todos. Hay que decirlo sin tapujos. En gran medida no se han respetado las distancias de seguridad y algunos incluso han aumentado mesas indiscriminadamente", lamenta el colectivo.
Su presidente, Héctor Cañete, ha remitido un documento a los establecimientos, en el que define como clave "que en la fase 1 demostremos responsabilidad para que en la 2 nuestros clientes puedan entrar en nuestros locales con una cierta normalidad". A sus socios les ha pedido que funcionen "con el mínimo de mesas posible", en función de la cafetería y la calle.
El representante de los hosteleros de la Marina, Antón Sáez, disiente, y considera que "no se trata del número de mesas, sino de tener el personal necesario para atender a las que tienes". "Hay gente que ha abierto sin plantilla suficiente para cumplir las medidas. Yo he visto locales que no avisaban a los clientes de que no podían entrar varios a la estancia o que no desinfectaban".
El ahogo económico y los ERTE son para Sáez los motivos de esta falta de protocolo. "Algunos locales están muy apurados", y han reanudado la actividad sin contar con todos los medios "por pura supervivencia". Opina que "nos hemos olvidado de por qué las normas están ahí" y teme el "desastre" que supondría no pasar a la segunda fase. En la falta de conciencia, dice, los propietarios no están solos, pues los usuarios también sortean las medidas "sentándose en mesas sucias sin esperar a que las desinfecten".
Según indica Héctor Cañete, fueron varios los locales que llamaron el lunes para comunicar "que era imposible controlar la situación". Calcula que solo abrieron "un 15%" de las terrazas, y que la afluencia de consumidores "se agrupó" en ellas. En las mesas, Cañete detectó "una imagen de desborde", con "gente que se abrazaba, hacía corros" y no llevaba mascarilla. Por ello el edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, tuvo también un toque de atención para la ciudadanía, a la que advirtió de no relajarse "porque podríamos volver atrás".
El Ayuntamiento ha apelado en este sentido a la "responsabilidad colectiva", y recuerda que "las ganas de ocio son importantes, pero tienen que estar subordinadas a preservar la salud". Asegura que los excesos en las terrazas "no han sido generalizados, sino puntuales", y que "la Policía trabajó mucho" el lunes "en la vigilancia y la mayoría cumplió". Como respuesta a los desajustes, anuncia un incremento del control por parte de los agentes, aunque "quien sanciona es el Gobierno estatal". La Asociación Provincial de Hostelería, por su parte, indica que el Concello les ha informado de que "se incoarán expedientes", que podrían "alcanzar los 6.000 euros si se detectan irregularidades".
