El director de Igaxes, Carlos Rosón, da las claves sobre los datos recogidos en el informe con respecto a la situación de los colectivos en exclusión, y sobre las medidas que la organización juzga necesario poner en marcha para paliar los efectos de la crisis sanitaria.

Los datos evidencian que la crisis sanitaria ha tenido sus peores efectos sobre la población más vulnerable.

Esta crisis tiene consecuencias más allá de las sanitarias, que, como siempre, se van a cebar en las personas más vulnerables. Esto va a provocar ya no una mayor vulnerabilidad en las familias, sino una situación de pobreza severa, si se tiene en cuenta la tasa AROPE de la Unión Europea, que fija la pobreza, aparte de estar en el 60% de la mediana de la renta, en reunir una serie de ítems como comer carne o pescado al menos dos veces al día, tener una temperatura adecuada en casa, retrasos en el pago?. Todas estas cosas son las que esta crisis pone de manifiesto.

La crisis está afectando a los sectores ya precarizados, como la hostelería o el comercio. ¿Tardarán en recuperarse?

Hay sectores que son clave a la hora de introducir las personas vulnerables al mercado de trabajo, y esos dos lo son, porque son sectores que no requieren una especialización alta, que es una característica de los colectivos con los que trabajamos. En estos sectores clave es donde se está destruyendo empleo. En las familias con las que trabajamos, un 57% por ciento no sigue trabajando, lo que empeora si tienes en cuenta que eran ya familias vulnerables con poca capacidad de ahorro.

¿En qué situación laboral queda la juventud tutelada y extutelada tras el estado de alarma?

Partimos de la base de que los jóvenes en sí mismos son de los colectivos precrisis donde la exclusión y la pobreza afectaba más. Si ahora tienes en cuenta que los jóvenes tutelados y extutelados no tienen apoyo familiar, la cosa empeora. En Galicia podemos trabajar hasta los 21 con ellos, probablemente esa edad crezca a partir de ahora, pero sabiendo que la media de emancipación son los 29 y ellos salían al mercado laboral con 19? los datos que tenemos no son muy halagüeños, si antes 1 de cada 3 estaba en inserción, ahora es 1 de cada 10. Sin apoyo familiar, sin casa de retorno, es una situación precaria, sobre todo en lo referente a los extutelados. Urgen medidas en torno a buscar posibilidades formativas, incrementar la dotación para insertores laborales y, sobre todo, alternativas de vivienda.

¿Son suficientes las ayudas que la administración ha ido lanzando desde el inicio de la crisis?

Están llegando, creo que hay que hacer una valoración muy positiva, pero hay que mirar a largo plazo. Las medidas están bien, pero tienen un término temporal, y hay que ver más allá. Nosotros hemos hecho una apuesta muy clara a favor de ese ingreso mínimo vital, que ahora se manifiesta como imprescindible para hacer frente a esas situaciones.

Los detractores de esta medida alegan que el ingreso mínimo puede desincentivar la búsqueda de empleo.

No es así. Tenemos el ejemplo de la Risga, que cuando se acompaña de un plan de inserción y de búsqueda de empleo, está demostrado que no desincentiva. En el País Vasco lleva años funcionando. Está claro que el sistema de protección social, ahora, con esta crisis, se manifiesta insuficiente. Hay que establecer mecanismos que garanticen esa cohesión social. Si hacemos compatible el ingreso en esos primeros tiempos de consecución del trabajo, el nivel de incentivación es mayor. Es una medida que requiere más estudios serios que opiniones.

El estudio también delata que las mujeres han sufrido especialmente las consecuencias de la crisis. ¿Puede deberse a problemas de conciliación o a dificultades previas de inserción?

Son las dos. La mujer, según los datos del informe, siempre es un colectivo que sufre especialmente los efectos de la crisis, tanto en la pérdida de empleo como los ERTE. Las familias monomarentales, que las llamamos así porque 8 de cada 10 siempre son mujeres, efectivamente tienen un problema de conciliación grande, y es donde se acumula una situación de exclusión social más grande. El colectivo de las mujeres que prestan servicios en el hogar, del que más del 40% lo hace sin contrato, con hijos a cargo, con el cierre de colegios y la falta de alternativas, se ven obligadas a quedarse en casa.

Otros sectores como la alimentación o la limpieza han resistido el envite debido a su esencialidad. ¿Pueden ser una oportunidad para la inserción?

Toca remangarse y buscar soluciones nuevas para problemas viejos, nichos de inserción allá donde pueda haberlos. Alimentación y limpieza creemos que no van a destruir empleo, pero en la medida que la desescalada se va estableciendo, no genera empleo nuevo. Tendremos que hacer un esfuerzo muy grande de búsqueda de alianza y generar alternativas formativas. Nuestros colectivos parten de un hándicap que es el abandono escolar y el bajo nivel formativo.

En este sentido, la crisis reveló otra brecha, la tecnológica, que existía entre las personas con más y menos posibles.

Hay datos de la Xunta que dicen que más del 50% del alumnado de secundaria no seguía la docencia telemática. Un elemento claro para la ruptura de la reproducción generacional de la pobreza, que es el elemento educativo, con esta crisis se ha venido a profundizar con más intensidad. Los chavales que están en familias en riesgo de exclusión tienen además el hándicap del bajo capital formativo de sus familias.