"La Justicia no se ha parado", matizaba ayer Ignacio Picatoste, presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña. Pero poco a poco vuelve a la normalidad, a sus mecanismos tradicionales, adaptándose a las exigencias y recomendaciones de protección que dictan los riesgos derivados del coronavirus. Por eso poco después de esa puntualización, la sala de la sección primera del órgano judicial en la sede de Tabacos acogió un juicio, el primero presencial desde que se decretó el estado de alarma en el país, en el que se hicieron pequeñas pero importantes adaptaciones en el espacio para establecer distancias de seguridad y se pudo ver a los asistentes con mascarilla.
Las mesas que ocupan la defensa y el fiscal son un poco más grandes y los miembros del tribunal se sientan más separados unos de otros. Al hablar, las partes no necesitan llevar mascarilla puesta, ya que debe quedar todo grabado sin dificultades de audición, aunque pueden ponérsela mientras no intervienen. El acusado o a la acusada esperan más distanciados de los agentes policiales a cada extremo, todos con máscara de protección, y cuando se acerca a declarar o responder al centro de la sala ya no se sitúa delante de una mesa, que ha sido retirada, solo ocupa una silla y se quita la mascarilla para que su voz quede registrada sin obstáculos sonoros.
El público asistente deberá ahora permanecer más separado al fondo. La sala de la Audiencia coruñesa ha rebajado el aforo para visitantes a un máximo aproximado de 20 personas, frente al límite habitual de 50 ó 60, según el número de asientos dispuestos. Y en la sala de espera exterior los bancos solo pueden estar ocupados por una persona, las demás tendrán que estar de pie.
"La sala es muy amplia y lo único en lo que tenemos que centrarnos es en la limitación de acceso para evitar contactos", señala Picatoste, que añade que "en la medida de lo posible, se intentará hacer también uso de las posibilidades telemáticas", como ha ocurrido en la Audiencia y en otros juzgados desde mediados de marzo. "La higiene de la sala está plenamente conseguida", recalca.
El primer juicio presencial del estado de alarma por la crisis sanitaria en la ciudad se resolvió en apenas diez minutos con un acuerdo de conformidad. Se juzgaba a un hombre que en febrero de este año, de madrugada, rompió con un adoquín el cristal de un establecimiento de la avenida de Fisterra para llevarse una recaudación de 170 euros. Se encontraba en prisión desde entonces. Ayer la fiscal, que inicialmente demandaba seis años y medio de cárcel, rebajó la petición a pena de dos años y ocho meses.
El acusado aceptó la condena, para la que se contempló como atenuante un "trastorno de la personalidad" que, unido al consumo de drogas, "disminuye la capacidad cognitiva" del hombre "sin llegar a anularla", como explicó la representante del Ministerio Fiscal. "Quítese la mascarilla para que se grabe bien su voz, por favor", le pidió al acusado el presidente de la Audiencia. Con sus respuestas monosilábicas aceptó la condena y el juicio finalizó. Salió de la sala con la mascarilla puesta.
