Los vecinos que fueron expropiados entre 2002 y 2005 para la ampliación del yacimiento arqueológico del Castro de Elviña cobrarán en breve las cantidades que les reconoció una sentencia judicial tras aprobar ayer el pleno un cambio del presupuesto municipal de 11,6 millones que tiene esa finalidad y sobre el que Marea decidió abstenerse. Con esa suma se completará el pago de los 12 millones de sobrecoste que tendrá esa operación sobre la que inicialmente realizó el Concello, ya que el año pasado ya se abonaron otros 400.000 euros.

Los 11,6 millones que integran la modificación presupuestaria proceden del superávit del ejercicio pasado (3,6 millones), del remanente líquido para gastos generales (6,6 millones) y del remanente para gastos que ya hubieran sido presupuestados (1,4 millones). Esa última cantidad fue la que motivó la abstención de Marea Atlántica porque se trata de los fondos reservados desde 2017 para la adquisición de La Solana, ya que entiende que su retirada implica una renuncia a ese objetivo.

El portavoz socialista y concejal de Facenda, José Manuel Lage, calificó esta operación como la "mejor forma posible de hacer frente al pago de las expropiaciones" y la "solución menos lesiva" para las arcas municipales al no comprometer las inversiones de este año. Lage consideró urgente el pago de las expropiaciones para evitar el pago de más intereses, ya que de los 12 millones, cuatro corresponden a ese concepto y deben abonarse 12.000 euros más por cada mes que transcurra.

También manifestó que la anulación de la partida para comprar La Solana "no significa que este gobierno renuncie a nada", sino que entiende que esa adquisición no se realizará este año. Lage recordó que se busca una solución para todos los terrenos portuarios mediante una negociación sobre la fachada marítima y que hoy existen "otras urgencias".

Alternativas

El concejal de Marea Iago Martínez reprochó a los socialistas que no buscaran soluciones alternativas al pago de una sola vez de los 11,6 millones, así como que no informaran previamente a los grupos sobre la forma en la que se iba a realizar esta operación, que calificó de "decisión discrecional" del Gobierno local. Para Martínez, el sobrecoste de estas expropiaciones es la "enésima factura del vazquismo" y sobre el pacto de gobernabilidad con el PSOE advirtió que "lealtad no es sumisión", parafraseando al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, en relación con su actitud frente al Gobierno central.

También el BNG defendió que se podía haber negociado el pago a plazos de los 11,6 millones, a lo que su portavoz, Francisco Jorquera, añadió la exigencia de que se tomen medidas económicas urgentes para hacer frente a la crisis causada por la pandemia al estimar que "la propaganda va por delante de la realidad", ya que aunque no hay iniciativas aprobadas, la ciudad está sembrada de carteles municipales que hacen alusión a ellas.

El PP se sumó a la apuesta por un pago en plazos de una de las "herencias socialistas millonarias" aunque mostró su apoyo al cambio del presupuesto, mientras que Ciudadanos respaldó pagar "cuanto antes" la cantidad adeudada para evitar que se añadan más intereses y que se posponga la compra de La Solana.