El Gobierno local prevé que el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria no esté adjudicado de forma definitiva hasta los meses de septiembre u octubre tras la presentación de un recurso por parte de la unión temporal de empresas formada por Valoriza y Arias Infraestructuras y los retrasos judiciales que causará la pandemia del coronavirus. La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, recordó ayer en el pleno que el contrato fue adjudicado a finales de febrero a la alianza creada por FCC Medio Ambiente e Ingeser, pero que la interposición de las acciones judiciales impidió su entrada en funcionamiento. Urbaser también planteó un recurso contra esa adjudicación, pero posteriormente lo retiró.
FCC e Ingeser ganaron el concurso con una oferta económica de 14,4 millones de euros durante cada uno de los ocho años de vigencia del contrato, que está pendiente de adjudicar desde mediados de 2018, por lo que la anterior concesionaria, Cespa, presta el servicio hasta que se formalice la entrada de una nueva adjudicataria.
Los recursos presentados ahora se suman a los problemas que sufrió el concurso durante su tramitación, ya que en mayo de 2019 el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia admitió un recurso del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza sobre errores en el cálculo de los salarios de la plantilla. La licitación se paralizó durante un mes para aumentar el precio del contrato a 14,9 millones anuales, aunque en agosto el mismo tribunal volvió a detenerla durante quince días para que se incluyese la oferta de Rivas Boquete-OHL, excluida por presentar la documentación fuera de plazo a causa de un error informático.
El pasado mes de enero se evaluaron las ofertas y la de FCC e Ingeser obtuvo la puntuación más alta, seguida por las de Urbaser, Valoriza y Acciona, aunque la última fue excluida por no alcanzar los 22 puntos que se exigían como mínimo en el concurso y por no acreditar que poseía las instalaciones para prestar el servicio que figuraban en su oferta.
Vía de urgencia
El retraso que supondrá que no haya nueva concesionaria del servicio fue una de las razones esgrimidas ayer en el pleno por Esther Fontán para justificar la contratación por la vía de urgencia y sin concurso de la empresa Tragsa para aplicar un plan de choque de limpieza de la ciudad mediante un convenio suscrito con la Diputación. Esa iniciativa tendrá un coste de 623.000 euros y constituye una de las promesas que realizó el PSOE en campaña electoral hace justo un año.
Todos los grupos de la Corporación a excepción del socialista apoyaron ayer una moción de Marea Atlántica que reclamaba la retirada de esta contratación, aunque Esther Fontán Fontán anunció que la mantendrá porque "el pleno no tiene competencias sobre el convenio con la Diputación". El concejal de Marea Alberto Lema exigió su anulación al considerar que está movida por el "electoralismo" y recordó que existe un informe contrario del secretario general de la Diputación, a lo que añadió que hoy existen "otras prioridades sociales". Fontán, que además tuvo que responder a preguntas de BNG y PP sobre esta misma cuestión, replicó que el secretario municipal respalda esta actuación y que ahora hay una "emergencia de salud pública" frente a las razones de higiene y ornato que motivaron inicialmente el plan de choque.
La titular de Medio Ambiente aseguró que optó por contratar a Tragsa sin un concurso como un "mecanismo más ágil" ante la proximidad de un verano en el que se preveían celebrar las fiestas y la llegada de la Tall Ship Races, pero que luego "la pandemia lo cambió todo". El PP calificó de "frívolo" que se justifique la contratación con la crisis del coronavirus y recriminó al BNG que apoyase en la Diputación la firma del convenio y se opusiera al mismo en el Concello. Los nacionalistas consideraron por su parte el contrato como un "atajo", mientras que para Ciudadanos es "poco defendible".
