El Defensor del Pueblo detalla en un informe que la solución para paliar los retrasos acumulados en los juzgados de lo Social de A Coruña, de casi cuatro años, es ampliar la plantilla de jueces.

En este documento, relativo al año 2019, se informa de que el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial considera "preocupante" la situación de estos tribunales "por la elevada entrada de asuntos durante años". En datos, aseguran que este incremento asciende a "un 160 % en 2019, un 137 % en 2018, un 193 % en 2017 y un 181 % en 2017". Así, en marzo del año pasado se acumulaban "1.829 asuntos declarativos".

Esta sobrecarga de trabajo en los juzgados de lo Social y, en consecuencia, los retrasos ya fueron denunciados por el Colegio de Abogados en varias ocasiones. Denuncian que "este presente está hipotecando el futuro de la Justicia en la ciudad", pues se están fijando citaciones para 2024, un retraso que, lamentan, "cada vez es mayor".

El Defensor del Pueblo asegura que "a situación se extiende en general a todos los juzgados de lo Social en esta localidad, por lo que únicamente puede solventarse de forma eficaz mediante el incremento de la plantilla de jueces, a través de la creación de más juzgados o de la dotación de jueces de refuerzo o con la creación de nuevas unidades judiciales".

Esta "necesidad urgente" de contar con más personal, detalla el informe, ya ha sido notificada por el Servicio de Inspección a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, dando traslado, a su vez, al Ministerio de Justicia y a la Administración autonómica competente.

La conclusión es que "la entrada de asuntos en los últimos años ha superado ampliamente el indicador del Consejo General del Poder Judicial para este tipo de órganos", lo que provoca, apunta el informe, "una sobrecarga excesiva para los juzgados y un importante retraso en la respuesta judicial".

Además, el Defensor del Pueblo ha acordado dirigirse al Ministerio de Justicia y a la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia con el fin de solicitar información sobre "las medidas que se pueden adoptar en el ámbito de sus respectivas competencias para dar respuestas a la preocupante situación de los juzgados de lo social de A Coruña".

Los casos que se tramitan en los juzgados de lo Social son de índole cotidiano, por lo que el colapso afecta a una gran parte de los coruñeses, que tienen que esperar hasta cuatro años para resolver sus problemas. El Colegio de Abogados ya alertaba hace unos meses de que los retrasos seguirían acumulándose, pero ahora el coronavirus ha agravado aún más la situación, ya que el sistema se ha paralizado durante casi dos meses. A los abogados les preocupa, además, tener que decir a sus clientes "que la solución legal a sus problemas va a tardar mucho tiempo".

A principios de año, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia propuso la creación de nuevos juzgados en la ciudad, pero los colegiados alertan de que "esa solicitud no implica que se vaya a realizar", lo que hace que los retrasos se sigan acumulando.

El órgano colegial lamenta que "desde las Administraciones públicas siempre se habla de la necesidad de mejorar la Justicia y dotarla de medios", pero pasa el tiempo y "todo sigue exactamente igual que hace dos años". "Lo único que cambia es el retraso", concluyen.