Cuando el pasado 10 de febrero Alberto Núñez Feijóo convocó las elecciones autonómicas con la aspiración de optar a un cuarto mandato al frente de la Xunta, nadie podía prever que la situación social y económica de Galicia iba a sufrir una transformación tan radical poco tiempo después. Solo tres meses después, los objetivos que se habían planteado las fuerzas políticas de la comunidad de cara a la cita del 5 de abril han quedado absolutamente desfasados ante las arrolladoras consecuencias de la pandemia del coronavirus en todos los órdenes de la vida de los gallegos.

Eso hace que haya que replantearse muchas de las cuestiones que se habían formulado con vistas a estos comicios antes de que el 14 de marzo comenzase el estado de alarma, ya que la recuperación económica y los problemas de todo tipo que pueden producirse si se produce un rebrote del coronavirus tendrán una prioridad absoluta.

Tras un mandato en el que las inversiones autonómicas en A Coruña no se hicieron visibles en forma de grandes proyectos, el arranque de la precampaña de los comicios de abril tuvo en el anuncio de la ampliación del Hospital Universitario en su actual emplazamiento el golpe de efecto que Feijóo buscaba en la ciudad. Los 395 millones que el candidato del PP prometía destinar a esta actuación la convertían en la más importante de la administración gallega en la ciudad en toda su historia, aunque se producirá cuando el Plan Director del actual hospital, que fue aprobado en el año 2000, todavía no está concluido y, de hecho, la última de sus fases serán las primeras obras de ampliación que se lleven a cabo.

La presión asistencial a la que se vio sometido el hospital coruñés en las últimas semanas hacen que ese proyecto sea todavía más necesario que antes, ya que todos los expertos coinciden en que la pandemia puede volver a repetirse y que situaciones de este tipo pueden reproducirse con nuevos virus en los próximos años. Pero para que esa gigantesca actuación arranque será necesario primero que un acuerdo sobre ella. La Xunta pretende que el Concello costee las expropiaciones precisas para los nuevos accesos, mientras que el Gobierno local intenta que las viviendas afectadas por las obras sean las menos posibles para evitar conflictos vecinales.

El anuncio de esta cuantiosa inversión trata de contrarrestar la acusación frecuentemente lanzada al PP por la oposición de que durante los últimos cuatro años su única actuación en la ciudad ha sido la construcción de una pasarela peatonal. Y precisamente esa infraestructura, cuya inauguración congregó en la carretera a los Baños de Arteixo a un inusual número de cargos públicos, se halla ahora en reparación cuando solo han transcurrido seis meses de su apertura al público.

Los dos millones de euros que costó esa infraestructura no fueron superados por ninguna otra iniciativa de la Xunta en la ciudad en el mandato que ahora termina. En este periodo se abrió la Fábrica de Tabacos como nueva sede de la Audiencia Provincial, pero el grueso de las obras se realizaron durante la pasada legislatura gallega. Un proyecto que cobrará también una importancia aun mayor de la que se le había concedido inicialmente es el de la residencia de mayores prevista en Eirís, ya que los devastadores efectos del coronavirus en este tipo de instalaciones las han puesto en el primer plano de la actualidad.

El Concello acaba de aprobar el cambio de uso de la parcela en la que se encuentra la guardería Virgen del Carmen, adquirida recientemente por la Xunta, para que acoja la nueva residencia, que inicialmente debía situarse en una finca municipal ya cedida a la administración gallega. Pero, como se encarga de recordar la oposición, los 15 millones que costará esta residencia no serán aportados por las arcas autonómicas, sino por la Fundación Amancio Ortega.

¿Cómo afectarán la debacle económica actual a otros proyectos que deben ser financiados por la Xunta? Es pronto para saberlo, pero algunos de ellos ya se pusieron en marcha antes de la convocatoria electoral, como la reforma de la antigua Delegación de Sanidade para que albergue el Espacio Amizar, destinado a acoger a entidades sociosanitarias coruñesas mediante una inversión de 6,3 millones. También está en esa situación la construcción del colegio público de Novo Mesoiro, presupuestado en 3,8 millones y que debe entrar en servicio el próximo curso.

Tampoco debería haber problemas en principio para ejecutar el edificio de viviendas sociales proyectado en el parque ofimático y que hubo que volver a licitar tras la renuncia de la adjudicataria, aunque todavía no se sabe nada de la última fase de las obras que deben realizarse en el instituto Eusebio da Guarda tras los 1,4 millones invertidos en este mandato.

También la crisis económica hace que surjan dudas sobre el futuro de la reforma del mercado de Santa Lucía, en el que la Xunta pretende integrar el nuevo centro de salud del barrio. El proyecto que debe hacer compatibles ambas infraestructuras todavía no ha sido dado a conocer, por lo que se ignora cuál puede ser su coste y los plazos para su construcción.

La nueva estación de autobuses de la ciudad, que formará parte de la terminal intermodal, es una de las mayores inversiones que realizará la Xunta en A Coruña en los últimos años, ya que se calcula en 17,4 millones. El Gobierno gallego había previsto inicialmente financiarla con fondos europeos y cambió de opinión tras acusar a Marea Atlántica de hacerlo imposible por demorar el proyecto con los cambios que exigió en el mismo. La Comisión Europea confirmó que los plazos le habrían permitido utilizar esos recursos por disponer del tiempo necesario para hacerlo, pero no dio marcha atrás y ahora habrá que ver si esta actuación se ve afectada por las importantes necesidades que tendrá la Xunta en los próximos meses.

Las incógnitas generadas por los efectos de la pandemia también afectarán a la iniciativa que pretende que los terrenos portuarios sin uso pasen a manos municipales. La construcción del puerto exterior dejaba en la venta de ese suelo buena parte de la financiación de las obras según los acuerdos de 2004, cuya revisión se defiende ahora desde A Coruña, pero si antes las dificultades económicas de la Autoridad Portuaria eran importantes, todo hace pensar que en el futuro lo sean todavía más y sin que haya definida una solución para evitar la salida al mercado de los muelles que perderán sus usos actuales.

En 2018 la Xunta se comprometió a comprar el 51% de Calvo Sotelo y Batería a cambio de 20 millones de euros, operación que suscitó el rechazo del Concello.