Los pagos efectuados por el Concello durante el año pasado mediante 1.477 facturas irregulares que merecieron reparos suspensivos del interventor sumaron 40,1 millones de euros, según la liquidación de los presupuestos municipal y del IMCE aprobada por el pleno. Más de la mitad de esa cantidad, 22,9 millones, corresponde solo a tres servicios municipales que se prestaron durante todo el año sin estar respaldados por el respectivo contrato: limpieza viaria, recogida de residuos urbanos y gestión de cinco bibliotecas. Esa cifra representa el 17,6% del gasto real efectuado por el Concello durante el año pasado, que fue de 227 millones, según figura en la misma liquidación.
La limpieza viaria y la recogida de residuos tenían en 2019 sus concesiones caducadas. El Gobierno local de Marea Atlántica tramitó los nuevos contratos, sin llegar a adjudicarlos antes de las elecciones municipales de mayo. El nuevo Ejecutivo, del PSOE, completó los procesos a comienzos de este año. Al no poder interrumpirse la realización de estas actividades por ser imprescindibles para la población, la anterior concesionaria de ambos, Cespa, las siguió desarrollando y el Concello le abonó mensualmente una factura de unos 870.000 euros por la limpieza y de 850.000 por la recogida de la basura.
La concesión de la gestión de cinco bibliotecas también caducó sin que se hubiera licitado una nueva, aunque en este caso por la decisión de Marea Atlántica de municipalizar este servicio, objetivo que no llegó a conseguir aunque mientras intentaba hacerlo fue necesario que una empresa se hiciera cargo de él.
La presentación por el interventor de un reparo suspensivo a una factura impide que sea abonada de forma automática, por lo que debe ser el máximo responsable de la Corporación quien autorice el pago. Tanto Xulio Ferreiro como Inés Rey decidieron en sus respectivos mandatos levantar esos reparos para evitar las consecuencias que tendría el impago de esas facturas, ya que numerosos proveedores municipales se verían afectados. El interventor plantea un reparo suspensivo cuando advierte que no existe una partida específica del presupuesto para un gasto cuya factura se presenta, cuando el acto que motiva la orden de pago no hubiera sido fiscalizado o cuando en la tramitación del expediente se hubieran omitido trámites esenciales.
Además de los tres servicios municipales mencionados, otras facturas a las que el interventor puso reparos suspensivos fueron las del mantenimiento de las papeleras y contenedores, el de las sujeciones de los contenedores de basura y el de la limpieza y mantenimiento de las estaciones de bombeo del alcantarillado, ya que los tres carecían de contratos para respaldar los pagos. A ellos se sumaron numerosas facturas de todo tipo de ámbitos de la actividad municipal, como vestuario y equipamiento de la Policía Local y los bomberos que no figuraban en las previsiones del presupuesto de ese año. Sobre los pagos realizados por el IMCE, el organismo encargado de organizar las fiestas y espectáculos, el interventor advirtió de la irregularidad de 92 de las facturas presentadas.
El funcionario responsable de la fiscalización planteó además reparos a 188 facturas que sumaron 11,9 millones, aunque estos no fueron suspensivos y no precisaron ser levantados por el alcalde. Una factura por valor de 16.739 euros fue objetada por haberse omitido la función interventora.
