La desconfianza que el comité de empresa de Alu Ibérica (antigua Alcoa) manifiesta por la reventa de la compañía por parte de Parter Capital a Grupo Industrial Riesgo hace algo más de un mes derivó ayer en la presentación de una denuncia de los representantes de los trabajadores ante la Inspección de Trabajo de Galicia por la situación "excepcionalmente crítica" que advierten en la fábrica de Agrela, en la que observan que se está cometiendo "un sabotaje en la misma empresa". Poco después de que se hiciese pública esta denuncia y de que el comité volviese a reclamar que el Estado intervenga la compañía, Grupo Riesgo informó de que ha solicitado una auditoría independiente para analizar la gestión de los anteriores propietarios de las fábricas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, y apunta que "las responsabilidades de la situación actual de las plantas deben ser dirigidas a Alcoa".
"La compañía está dispuesta a que se lleven las investigaciones a todos los niveles, no solo desde el inicio de la etapa de Grupo Industrial Riesgo, sino también que englobe etapas anteriores", subrayó en un comunicado.
El clima de tensión es continuo desde mediados de abril y el comité de empresa de Alu Ibérica ha censurado no solo la operación de reventa de la compañía, sino el incumplimiento del acuerdo que en su momento sellaron Alcoa y Parter, al no haberse impulsado ningún plan de futuro de la empresa ni tampoco inversiones. El presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho, denuncia que "se están agotando los recursos propios" y que Alu Ibérica está sufriendo "una descapitalización enorme". "No se ha garantizado el empleo para la mayoría de la plantilla ni se ha dado formación a los trabajadores, como se prometió cuando se llegó a aquel acuerdo", añade.
El representante laboral advierte además que en la actualidad se están retrasando los pagos a proveedores, se renegocian acuerdos con clientes y Grupo Riesgo está "dejando al margen" a clientes habituales de la compañía para realizar operaciones dentro del conglomerado de empresas del que forma parte el último comprador de las plantas coruñesa y asturiana.
Esta situación la expuso ayer Corbacho ante la Inspección de Trabajo para denunciar la práctica de sabotaje dentro de la empresa. Dijo además que Alu Ibérica está "a punto de entrar en un colapso productivo" y que "la materia prima está bajo mínimos históricos", sin que la plantilla sepa "a día de hoy si va a cobrar este mes".
Grupo Industrial Riesgo niega el peligro de colapso en la producción al que se refieren los trabajadores y explica, sin concreción, que la empresa actualmente se encuentra en una "fase de evaluación e implementación de nuevos procesos cuyo objetivo es la optimización de recursos".
El nuevo dueño de Alu Ibérica añade que "en ningún momento las nóminas de los trabajadores se han visto comprometidas" y que desde que tomó el control de la empresa los pagos a los trabajadores se han realizado "escrupulosamente", independientemente del cumplimiento o no de los acuerdos previos de Alcoa y Parter, puntualiza.
La situación económica le ha "obligado a revisar al milímetro las partidas presupuestarias", indica Riesgo, pero su "voluntad es continuar con la actividad de las fábricas en A Coruña y Avilés".
La jornada de ayer trasladó también la tensión a las instalaciones de Alu Ibérica, donde al mediodía se produjo una concentración del comité de empresa que, según Riesgo, "impidió a los empleados realizar su trabajo de manera ilegal, sin comunicación previa a la empresa conforme al convenio, sin permiso de la autoridad y en contra de las medidas de seguridad impuestas por las autoridades". "Ante semejante cúmulo de irregularidades la compañía ha tenido la obligación de llamar a la policía para restablecer la situación y para garantizar la seguridad de los trabajadores que acudían a la planta para desarrollar su trabajo", señaló Riesgo.
López Corbacho corrige la versión de la nueva gestora de Alu Ibérica y asegura que quien solicitó la presencia de las fuerzas del orden fui él mismo al llamar a la subdelegación del Gobierno tras poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo los hechos denunciados en la compañía. Explica que pidió que se tomasen las medidas necesarias ante la prohibición de la entrada de los trabajadores a la planta para participar en la concentración y asamblea informativa en las instalaciones de Agrela.
