El plan de refuerzo de la limpieza en la ciudad que el Ayuntamiento pretende ejecutar a través de un convenio con la Diputación para que una empresa pública distinta a la concesionaria realice ese servicio se encontró el mes pasado con las dudas de los servicios técnicos del organismo provincial. El pleno de A Coruña también expresó el recelo de la oposición con la aprobación de una moción de Marea apoyada por todos los grupos de la Corporación, salvo el PSOE, para reclamar la retirada de la contratación. Pero el Gobierno local, que ya en la sesión plenaria anunció por medio de la edil de Medio Ambiente que mantendría el contrato, se apoya en otros documentos que son favorables al convenio, como el del secretario del Ayuntamiento, que avala el plan de limpieza reforzada.
El departamento municipal expone en un informe que la contratación de la empresa pública Tragsa, que la Diputación utiliza como medio propio personalizado al ser partícipe de ella con una acción, se adecua "a la normativa vigente de aplicación y criterios interpretativos de la jurisprudencia comunitaria". Añade el secretario que el objeto de la cooperación entre el Concello y la entidad provincial responde a "razones de interés público, de la memoria técnica y específicamente de las derivadas del estado de alarma" actual por la crisis sanitaria.
La Diputación aprobó el 30 de abril, por un voto de diferencia, la firma del convenio por el cual se le encargaría a la empresa Tragsa por 623.000 euros un plan de choque de limpieza en la ciudad. PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños votaron a favor y Marea y PP en contra. Ese mismo día, y ante las dudas suscitadas por los grupos opuestos al convenio y las expresadas antes por el interventor y el secretario general de la Diputación, el presidente de la institución, Valentín González Formoso, anunció que pediría al Tribunal de Cuentas que se pronuncie sobre el acuerdo entre administraciones.
La edil de Medio Ambiente, Esther Fontán, ya avanzó hace dos semanas que el Concello mantendría la intención de contratar el servicio a través de la cooperación con la Diputación. A través de esta fórmula se evita el proceso de contratación pública y se gana celeridad por la urgencia acreditada para realizar el servicio. Pese al rechazo del resto de la Corporación, Fontán replicó diciendo que el pleno no tiene competencias sobre el convenio con el ente provincial.
El contrato de limpieza viaria se adjudicó a comienzos de año a la UTE FCC-Ingeser por 14,4 millones de euros anuales en ocho años, aunque no entrará en vigor hasta otoño por un recurso presentado por Valoriza y por los retrasos judiciales que causados por la pandemia del coronavirus. El plan de refuerzo que el Concello quiere aplicar con Tragsa prevé actuar contra roedores, en pintadas y malas hierbas y hará un inventario para eliminar focos de insalubridad.
Los servicios técnicos de la Diputación han cuestionado la fórmula legal para contratar el trabajo de Tragsa, las actividades realizadas por la empresa al estar circunscritas al ámbito rural y otras interpretaciones contradictorias, entre otros motivos. El informe del secretario municipal, en cambio, da validez a la vía del convenio y acredita las razones de salud pública para reforzar el servicio, que vincula a la incidencia del Covid-19, lo que justifica su urgencia.
