La Asociación de Afectados de Instrusismo Médico Sanitario solicita el ingreso inmediato en prisión de José Manuel López Pérez, el falso médico de Ferrol, conocido como Coté, por riesgo de fuga, toda vez que el Tribunal Supremo lo ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión por delitos de intrusismo y estafa, por haber ejercido la medicina sin la titulación requerida. Esta sentencia se refiere a una veintena de casos desarrollados en un centro clínico de Vinaròs, en la provincia de Castellón, todos posteriores a los casos cometidos en Galicia.

Este fallo del Supremo desestima el recurso de los condenados y eleva la pena impuesta a petición de la Fiscalía y de la acusación particular, la Asociación de Afectados de Instrusismo Médico Sanitario, representada por el letrado coruñés Rubén Veiga, del despacho Xeito Abogados.

Veiga explicó ayer que el alto tribunal elevó la pena impuesta por estafa por la Audiencia Provincial de Castellón. "En un primer momento, la Audiencia lo condenaba a un año por intrusismo y a dos años y nueve meses por estafa. La pena de intrusismo se mantiene, pero se estima el recurso presentado por la asociación y por la Fiscalía, al entender que es una estafa agravada, porque esta persona ha jugado y se ha lucrado con un bien de primera necesidad", explicó ayer Veiga, en referencia a la salud.

Fue por esta razón por la que subió la pena a tres años y medio, que se suma al otro año de condena por intrusismo. Veiga puntualizó ayer que se ha condenado también a su compañero en la clínica y a la mujer de este, a penas de más de dos años, por lo que exigen "inmediatamente la ejecución de la sentencia", ya que es firme.

"Cualquier recurso extraordinario [el proceso ordinario está ya cerrado] que pueda presentar esta persona no paraliza la ejecución de la sentencia", puntualizó el letrado del despacho Xeito Abogados.

Según consta en la sentencia, los dos hombres condenados se presentaban como médicos, examinaban a los enfermos, diagnosticaban enfermedades de todo tipo y prescribían tratamientos diversos, incluido en algún caso procedimientos con células madre, trasplantes y cirugías que, en algunos casos resultaron inocuos pero que, en otros, produjeron secuelas a los pacientes.

Los daños, según explicó ayer la portavoz de la asociación y también concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, fueron mayores en las víctimas de A Coruña y Ferrol, ya que sus intervenciones derivaron en secuelas graves en algunos de los pacientes y en la muerte -homicidio por imprudencia, según Fiscalía- en uno de los casos. Las víctimas -que se elevan a más de 140 en toda España- creen que, con una sentencia en contra y con un juicio a la espera de celebrarse -se pospuso en dos ocasiones, la primera, en noviembre, la última por la pandemia, ya que iba a celebrarse en abril, mayo y junio- en el que la acusación le pide 900 años de cárcel y la Fiscalía 300, existe un alto riesgo de fuga.

Exigen que, tras doce años y cuatro meses de espera, este caso tenga "prioridad" sobre otros señalamientos.

"Hay compañeros que se han quedado en el camino, no podemos esperar más. Nuestra vida es un calvario. En A Coruña y Ferrol nos lo tenemos que encontrar por la calle", denunció Fontán.